RML
El procedimiento legal establece con precisión las etapas que debe tramitar una corporación local tras la entrada de una solicitud minera. En primer lugar, el consistorio tiene la obligación de registrar el expediente y realizar el control formal de la documentación para requerir las subsanaciones oportunas si detecta deficiencias. A continuación, debe emitir el informe técnico de compatibilidad urbanística para evaluar si la actividad extractiva se adecua al Plan General de Ordenación Urbana o a las Normas Urbanísticas Municipales, así como para verificar si el suelo afectado cuenta con figuras de protección ambiental, paisajística, hídrica o patrimonial.
Dentro del ámbito de sus competencias directas, la administración municipal debe tramitar las licencias ambientales y de actividad dirigidas a evaluar los impactos por ruidos, polvo, vibraciones o vertidos en el entorno, además de las licencias urbanísticas y de obras para las instalaciones auxiliares y los movimientos de tierras. Asimismo, en el marco de la Evaluación de Impacto Ambiental que tramita la administración autonómica, el Ayuntamiento debe intervenir en el trámite de audiencia mediante la emisión de informes sobre la afección al municipio y facilitar el acceso de los ciudadanos al expediente a través del trámite de información pública. Por último, la corporación debe comprobar la afección a bienes de dominio público como caminos, redes de suministro o montes de utilidad pública, y tramitar las concesiones de ocupación si el proyecto requiere el uso de suelo municipal.
Una vez completado este marco de actuaciones de ámbito local, la Junta de Castilla y León deberá asumir el análisis de su competencia para resolver definitivamente sobre el proyecto. Conviene precisar que ambas fases corresponden a esferas administrativas diferenciadas: el trabajo previo del consistorio determina la compatibilidad urbanística, ambiental y patrimonial en el territorio municipal, mientras que la resolución autonómica evalúa la viabilidad técnica y minera global. Una responsabilidad no sustituye a la otra ni exime a la administración local de agotar sus propias competencias. La formulación de estas cuestiones responde al deber de fiscalizar la gestión pública, al margen de que la administración concernida ofrezca o no una respuesta explícita.
¿Lo han hecho?
