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El frente institucional y patronal del noroeste peninsular ha suscrito una declaración conjunta para exigir el impulso definitivo del procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea respecto a los peajes de la AP-66 y la AP-9. Las administraciones autonómicas de Castilla y León, Galicia y Asturias, junto a las confederaciones empresariales de los tres territorios, urgen a las autoridades europeas a culminar el expediente y, si fuera necesario, elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante una acción por incumplimiento del Derecho comunitario.
El conflicto jurídico tiene su origen en las sucesivas ampliaciones de los contratos de explotación de estas vías de comunicación esenciales. La Comisión Europea inició las actuaciones en septiembre de 2021 y emitió un dictamen motivado en julio de 2025, donde cuestionaba la legalidad de las prórrogas al apreciar infracciones en los principios de transparencia e igualdad de trato por la ausencia de una licitación pública obligatoria. Los tres ejecutivos regionales denuncian el agravio económico y la pérdida de competitividad que sufren sus ciudadanos y empresas en comparación con otras infraestructuras estatales liberadas de pago.
La cumbre celebrada en Santiago de Compostela ha servido también para visibilizar el malestar de las tres comunidades por el hermetismo en la gestión del conflicto. Los gobiernos autonómicos solicitaron el acceso formal al expediente en octubre de 2025 tras la emisión del dictamen europeo, pero hasta la fecha no han recibido respuesta sobre los términos ni las alegaciones remitidas por el Estado. Ante este bloqueo informativo, la secretaria general de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de Castilla y León, Natalia Flórez, ha insistido en la necesidad de mantener un bloque de presión unificado en Bruselas.
De forma paralela a las reclamaciones europeas, se mantiene la exigencia para acelerar las inversiones en el Corredor Atlántico como eje logístico estratégico. Las administraciones denuncian la ausencia de un cronograma técnico claro a cuatro años de que venza el plazo fijado para la operatividad de la Red Básica. Para paliar el impacto económico inmediato de los peajes mientras se resuelve el litigio internacional, se contempla la aplicación de bonificaciones mínimas del 60 por ciento para los usuarios recurrentes en viales de pago interiores como la AP-6, AP-51, AP-61, AP-66 y AP-71.
