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El conflicto surge ante el informe que el Ministerio para la Transición Ecológica debe remitir a la Comisión Europea sobre el estado de conservación del lobo entre 2019 y 2024. La Xunta de Galicia ha elaborado un documento técnico, con el respaldo de Asturias, Cantabria y Castilla y León, que defiende una evaluación favorable de la especie. Este posicionamiento busca facilitar la reapertura de la actividad cinegética, restringida tras la inclusión del cánido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
En contraste, el informe técnico ministerial concluye que el lobo se encuentra en un estado desfavorable-inadecuado en la región atlántica y desfavorable-malo en la zona mediterránea. Esta evaluación se apoya en estudios sobre genética y viabilidad poblacional que indican problemas graves de endogamia, baja diversidad genética y una conectividad interna deficiente entre las distintas manadas. Tales factores reducen drásticamente la capacidad de adaptación y supervivencia de la población ibérica a largo plazo.
Las organizaciones ecologistas sostienen que el número de manadas por sí solo no garantiza la preservación de la especie si no se consideran las presiones externas. Entre las principales amenazas identificadas figuran la mortalidad de origen humano, provocada fundamentalmente por atropellos y la caza furtiva. Estos niveles de mortandad se sitúan, en determinados puntos, por encima de los umbrales compatibles con la viabilidad natural de las poblaciones loberas.
La normativa comunitaria, regida por la Directiva Hábitats, exige que la evaluación se realice a escala biogeográfica y bajo el principio de precaución. El sistema europeo estipula que, si uno de los parámetros analizados resulta negativo, la conclusión global debe ser desfavorable. Por este motivo, el sector conservacionista califica de irresponsable la maniobra autonómica, al considerar que se basa en datos fragmentados que minimizan las presiones reales sobre el territorio.
La disputa ha llegado al ámbito institucional después de que colectivos como SEO/BirdLife, Greenpeace y Amigos de la Tierra solicitaran la transparencia total de los informes emitidos por las comunidades. La resolución final que se envíe a Bruselas determinará el marco legal de protección del lobo para los próximos años, en un escenario donde los intereses del sector ganadero y cinegético colisionan directamente con las directrices técnicas de conservación de la biodiversidad.
