La trastienda/ “¡Qué escándalo, descubren que el PP se arrastra ante Vox!”

Pues eso. Como si fuera novedoso que el PP, con tal de encaramarse al poder en comunidades autónomas o ayuntamientos, asuma sin ningún rubor los postulados ultras de la extrema derecha patria. Precisamente fue en esta comunidad, Castilla y León, donde el PP de Alfonso Fernández Mañueco sentó, ha hecho ahora cuatro años, el primer precedente. Y, previa cesión a los de Abascal de la presidencia de las Cortes, suscribió un sonrojante pacto de legislatura que, además de una vicepresidencia única y tres consejerías de la Junta, con el que Mañueco hacía suyas las prioridades políticas de la ultraderecha.

 Saltó por los aires el Dialogo Social -considerado hasta entonces por el PP como una “seña de identidad”-, se declaró la guerra los sindicatos y a la propia patronal, se presentó un infame Proyecto de Ley de “Concordia” destinado a cancelar el Decreto sobre Memoria Histórica, se metió en un cajón el que debía actualizar la Ley sobre Violencia de Género con intención de sustituirlo por el de “Violencia Intrafamiliar”, etc. etc. Y, por supuesto, figuraba, el compromiso de promover “una inmigración ordenada” desde “la integración cultural, económica y social”.

 En la práctica, el sesgo ultra del gobierno PP-Vox fue incluso más lejos de lo firmado, con un vicepresidente desaforado, Juan García-Gallardo, al que “Fonsi” Fernández Mañueco fue incapaz de llamar al orden. Por ejemplo, desde las consejerías de Vox se declaró la guerra abierta a la Agenda 2030 y al cambio climático, sin que el PP no dijera ni palabra. Y entre esos desafueros llegó a figurar el de someter a las embarazadas a escuchar el “latido fetal”, una iniciativa que llegó a aparecer en la web de la Junta y sobre la que el PP terminó recogiendo velas, sin duda consciente de su manifiesta ilegalidad.

La “prioridad nacional”.- Cuatro años después, el pacto alcanzado en Extremadura -vaya papelón, Guardiola, no has podido caer más bajo- demuestra negro sobre blanco hasta qué punto Vox sigue doblegando ideológica y programáticamente al PP. ¡Como será lo del principio de “prioridad nacional” anunciada para discriminar a la población inmigrante que hasta trumpiana Isabel Díaz Ayuso se ha desmarcado de ese invento! Como lo ha hecho, de forma más discreta, Moreno Bonilla, a quien el pacto extremeño le ha complicado la campaña electoral (al contrario que el de Mañueco, el gobierno andaluz se ha escaqueado de la consigna emitida desde la calle Génova de recurrir el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes).

Con este precedente, va “Fonsi” y nos toma a todos por tontos de baba afirmando que lo de Extremadura no tiene nada que ver con la negociación -emprendida y muy avanzada- entre ambos partidos para franquear su investidura y volver a repartirse el organigrama de altos cargos de la Junta. Que va, en Castilla y León Vox no va a plantear lo de la “prioridad nacional”. Y si lo plantea, el PP no va a tragar…

 Con los resultados electorales en la mano, Vox puede permitirse aquí un mayor grado de exigencia que en Extremadura, donde el PP obtuvo el 43,2 por ciento de los votos frente al 16,9 de la ultraderecha, un diferencial de 27,3 puntos. En Castilla y León ese diferencial se reduce a 16,6, los que median entre el 35,5 del PP y el 18,9 de Vox.

Se da por sentado que los de Abascal contarán con la vicepresidencia única o primera -podría haber una segunda para mantener a Isabel Blanco un peldaño por encima del resto de los consejeros del PP- y tres consejerías. Las de Industria y Agricultura se dan por descontadas. Para la primera se da por hecho el nombre de Alberto Díaz Pico, ahora procurador por Valladolid y en su día secretario general de esa consejería durante el infausto mandato de Mariano Veganzones. Para la segunda se apunta el nombre de Juan Pedro Medina, que ya fue viceconsejero en el anterior gobierno de las derechas (y antes, desde 2003, director general en todos los gobiernos del PP).

El desalojo y recolocación en la Mesa de las Cortes de la hasta ahora consejera Rocío Lucas, abre la posibilidad de que la de Educación sea, en lugar de la Cultura, la tercera consejería en manos de Vox. Y están por concretar las funciones con las que se adornará la vicepresidencia de la que va a ser titular Carlos Pollán, el ungido por Abascal como nueva cabeza visible del partido en Castilla y León.

 En Extremadura, donde la ultraderecha quedó fuera de la Mesa del Parlamento, Vox ha exigido y obtenido uno de los escaños autonómicos del Senado que corresponden al PP. Veremos si aquí no ocurre lo mismo, lo que podría complicar la recolocación pensada para el todavía consejero de Medio Ambiente en Funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Queda también por ver si Vox reclama la titularidad de alguna delegación territorial, tal como consiguió en su momento Ciudadanos. Y ojo, con la aplazada renovación de las llamadas “instituciones propias de la comunidad”, que se va a abordar casi en paralelo. Y tanto en el Consejo de Cuentas, donde sus tres integrantes suman 213 años (una media de 71), como en el Consultivo, se vislumbran aterrizajes.