La nueva ley de multirreincidencia endurece las penas por hurtos en el sector agrario y ganadero

La reforma del Código Penal introduce cambios significativos en el tratamiento de los delitos contra el patrimonio en el medio rural. A partir de ahora, la sustracción de productos agrícolas o ganaderos, así como de la maquinaria y medios empleados para su obtención, se considerará un tipo agravado siempre que el valor de lo sustraído supere los 400 euros. Esta medida busca paliar el perjuicio operativo y los altos costes de reposición que sufren los profesionales del sector ante el robo de herramientas indispensables para su actividad.

En cuanto a los hurtos de menor cuantía, la normativa actúa contra la delincuencia reiterada. Aunque se mantiene la multa como regla general para sustracciones inferiores a 400 euros, se aplicarán penas de prisión cuando el autor acumule al menos tres condenas firmes por delitos de la misma naturaleza, siempre que una de ellas sea leve. Para facilitar una respuesta penal más eficaz, la ley aclara que los antecedentes por delitos leves computarán específicamente en estos supuestos de multirreincidencia.

La reforma legislativa incluye novedades de alcance institucional que afectan a la gestión de los procedimientos. La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal otorga legitimación a las entidades locales para personarse como acusación en los delitos de hurto cometidos en su territorio. Paralelamente, se habilita a los juzgados para adoptar medidas cautelares desde las fases iniciales del proceso, tales como la prohibición de residir o acudir a lugares determinados para evitar que el investigado vuelva a delinquir.

Finalmente, la ley introduce una sanción específica contra el fraude en el suministro eléctrico vinculado al narcotráfico. Se establece una pena de prisión de seis a dieciocho meses para quienes defrauden fluido eléctrico con el fin de abastecer instalaciones destinadas al tráfico de drogas. Esta condena se aplicará de forma independiente a la cuantía económica de la energía defraudada, reforzando la persecución de las actividades logísticas que sustentan este tipo de criminalidad.