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El colectivo de memoria histórica ha formalizado una petición por escrito ante la Presidencia del Gobierno para que las instituciones públicas organicen una conmemoración oficial con motivo del próximo aniversario del 18 de julio de 1936. La iniciativa plantea un posicionamiento explícito de la administración central frente al quiebro democrático que dio origen a la Guerra Civil y a la posterior dictadura, un hecho que, según los promotores de la propuesta, requiere un rechazo contundente por parte de los organismos del Estado.
La reclamación principal consiste en la colocación de pancartas institucionales con el lema "18 de julio: Nunca más" en las fachadas de todas las sedes ministeriales del país. La solicitud extiende esta medida de visibilidad a las infraestructuras de las fuerzas de seguridad, demandando que el eslogan se exhiba de igual modo en los principales cuarteles del Ejército, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, argumentando que los cuerpos de seguridad de una sociedad democrática deben significarse de forma pública contra el uso de la violencia para subvertir el orden constitucional.
La argumentación del escrito incide en la necesidad de reafirmar los valores democráticos frente a las corrientes de intolerancia actuales y los intentos de restricción de los derechos fundamentales. Desde el colectivo se defiende que una conmemoración de carácter institucional y antifascista representa un marco adecuado para consolidar el compromiso civil con la paz y los derechos humanos, sirviendo de pedagogía social sobre las consecuencias de la quiebra democrática sufrida hace nueve décadas.
El texto registrado recuerda asimismo que el golpe de Estado de 1936 todavía no ha sido objeto de una condena unánime por el pleno del Congreso de los Diputados. Esta falta de declaración conjunta fundamenta la exigencia de que el actual Ejecutivo asuma de forma unilateral la responsabilidad de señalizar los edificios públicos, asociando la identidad de los ministerios y los acuartelamientos al marco de las libertades públicas y la legalidad vigente. La tramitación de la propuesta queda ahora a la espera de una respuesta oficial por parte del departamento de presidencia.
