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La petición reclama que el próximo Grupo de las Unidades de Intervención Policial (UIP), cuya creación contempla el Ministerio del Interior con una dotación inicial de unos cincuenta agentes antidisturbios, establezca su base de operaciones en la provincia de León. La jefatura de esta nueva sección dependería directamente de la VII UIP de la Jefatura Superior de Policía, lo que permitiría descentralizar los recursos de seguridad y equilibrar la presencia del cuerpo de manera inmediata.
En la actualidad, la totalidad de los efectivos adscritos a la VII UIP tiene su sede exclusiva en Valladolid. Ese núcleo urbano concentra dos grupos policiales completos y un subgrupo de mando y apoyo, lo que supone un despliegue operativo permanente de un centenar de agentes especializados en control del orden público. Esta distribución actual genera un desajuste geográfico en el reparto de medios de intervención rápida dentro de la comunidad autónoma.
La concentración de recursos en un solo punto obliga a realizar desplazamientos por carretera cada vez que surge una situación de necesidad de refuerzo en León o en las provincias colindantes. Este traslado de personal provoca retrasos temporales significativos, incrementos en el gasto presupuestario y una merma en la capacidad de respuesta inmediata ante incidentes. Con anterioridad a la implantación del modelo actual, León albergaba la Compañía General de Reserva, que contaba con 110 agentes fijos y cuya desaparición privó a la provincia de un servicio de reacción rápida.
El análisis técnico recuerda que el modelo de doble fase operativa ya funciona de manera eficaz en otras zonas de España. Comunidades como Galicia disponen de sedes diferenciadas en La Coruña y Vigo; Andalucía reparte sus efectivos entre Granada y Málaga; y el archipiélago canario distribuye sus agentes en las islas de Gran Canaria y Tenerife. La provincia leonesa posee la posición geográfica estratégica y las infraestructuras logísticas adecuadas para albergar el nuevo grupo sin necesidad de centralizar más servicios públicos del Estado.
La resolución final del texto prevé trasladar este requerimiento al Ministerio del Interior, a la Dirección General de la Policía y al Consejo de Policía. La propuesta coincide con las reclamaciones de organizaciones profesionales como la Unión Federal de Policía, que demanda una planificación de las unidades basada en criterios logísticos.
