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La vivienda se ha convertido en el principal factor de expulsión de la estabilidad en la provincia de León. Más de 80.000 ciudadanos caen por debajo del umbral de la pobreza una vez liquidados los gastos relacionados con su residencia. Esta situación se ve agravada por un incremento del 31 por ciento en el precio de compra de inmuebles registrado entre los años 2018 y 2024, una evolución que se mantiene desconectada de la tendencia de los salarios actuales.
El empleo, que históricamente funcionaba como mecanismo de protección, ya no garantiza por sí mismo una integración sólida en la sociedad. El análisis técnico muestra que 22.000 personas residen en hogares donde el sustentador principal se enfrenta a una inestabilidad laboral grave, caracterizada por la precariedad o la discontinuidad en los contratos. Actualmente, el 14 por ciento de los referentes familiares que tienen un puesto de trabajo sufren de forma directa situaciones de exclusión social.
La falta de recursos económicos ha impactado de manera severa en la salud de la población con menos ingresos. Unas 50.000 personas en la provincia se han visto obligadas a renunciar a tratamientos médicos, compra de fármacos, adquisición de prótesis o al mantenimiento de una dieta adecuada por motivos financieros. Esta carencia limita la capacidad de los hogares para gestionar enfermedades crónicas y compromete tanto el bienestar físico como el mental, consolidando la salud como una dimensión crítica de la vulnerabilidad.
Los resultados presentados hoy confirman un proceso de fragmentación social persistente tras más de dos décadas de crisis consecutivas. Las brechas sociales no se han reducido con el crecimiento económico, sino que se han cronificado, creando dinámicas estructurales que mantienen a una parte relevante de la población al margen del desarrollo general. Esta realidad evidencia que la pobreza material tiene un impacto directo y acumulativo en la capacidad de los hogares afectados para sostener una vida cotidiana normalizada.
