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El dispositivo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Soria se salda hasta el momento con cuatro detenciones en la provincia soriana y dos en la Comunidad de Madrid. Las actuaciones están dirigidas por el Tribunal de Instancia de Soria, número 3, en coordinación directa con la Fiscalía de la Audiencia Provincial. Al tratarse de una causa abierta y en pleno desarrollo, los investigadores encargados de los registros domiciliarios y corporativos no descartan llevar a cabo nuevos arrestos a lo largo de las próximas horas.
La fuerza actuante ejecutó tres órdenes de entrada y registro autorizadas en sede judicial. La primera de ellas comenzó a las 9.15 horas en las dependencias centrales del Ayuntamiento de Soria, prolongándose el despliegue de los agentes de la Guardia Civil hasta bien entrada la tarde. Las otras dos intervenciones operativas autorizadas por el juez instructor se desarrollaron de manera simultánea en domicilios particulares vinculados con las personas investigadas en la trama.
Las diligencias judiciales tratan de esclarecer la existencia de una red delictiva dedicada a cometer delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal. Durante el registro al edificio consistorial, los efectivos policiales procedieron a la incautación de abundante documentación física y equipos electrónicos de almacenamiento de datos en los departamentos sectoriales de Comercio y Turismo, Hacienda y Alcaldía.
La causa se originó a raíz de los expedientes bajo análisis en el área de Comercio y Turismo del consistorio de la capital soriana. El órgano judicial competente mantiene las actuaciones bajo el régimen de secreto de sumario, una circunstancia procesal que impide facilitar las identidades o los cargos específicos de las personas investigadas. Los especialistas informáticos de la Guardia Civil centran ahora sus labores en el volcado de la información contenida en las terminales y archivos intervenidos para determinar el alcance definitivo de las responsabilidades penales.
