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Según la queja, estos retrasos no constituyen un mero trámite administrativo, sino que impactan directamente sobre los derechos de la ciudadanía. Muchas de las personas que acuden a estas entidades lo hacen tras no obtener respuesta o ante la inacción de otras administraciones públicas. La espera adicional de varios meses prolonga la situación de indefensión que estas figuras deberían resolver.
Se señala que cuando una persona recurre al Procurador del Común o al Comisionado de Transparencia es porque previamente ha encontrado una puerta cerrada en alguna Administración. Si posteriormente debe esperar meses para la tramitación de su reclamación, se está extendiendo un problema que ya afectaba a sus derechos.
La coyuntura exige un refuerzo estructural de los recursos humanos. Califican de especialmente preocupante la situación del Comisionado de Transparencia, cuya plantilla es particularmente reducida para las funciones encomendadas. Reclaman que los Presupuestos de 2027 contemplen la creación y dotación de nuevas plazas que permitan reducir los tiempos de tramitación y garantizar una respuesta a la ciudadanía en plazos razonables.
Se destaca el trabajo que realizan los empleados públicos para mantener el servicio pese a las limitaciones existentes, reconociendo el compromiso y el esfuerzo de la plantilla que saca adelante un volumen importante de trabajo con recursos limitados. Sin embargo, se afirma que no se puede convertir ese esfuerzo en la solución permanente a una falta de personal que corresponde resolver a las Cortes de Castilla y León.
Esta falta de respuesta política afecta tanto al PP como a VOX, formaciones que han tenido la responsabilidad de dirigir las Cortes durante este periodo. Durante la presidencia de Carlos Pollán, de VOX, no se abordó el refuerzo necesario, y el actual presidente de la Cámara, Francisco Javier Vázquez Requero, del PP, mantiene una situación que requiere solución urgente.
VOX ya tuvo la oportunidad de abordar este problema durante la presidencia de Carlos Pollán y no lo hizo. Ahora el PP, con Francisco Javier Vázquez Requero al frente de las Cortes, mantiene unas plantillas insuficientes y una situación que perjudica directamente a quienes acuden a estas instituciones buscando amparo. Cambian los presidentes, pero la falta de soluciones permanece.
Se recuerda que el Procurador del Común y el Comisionado de Transparencia dependen orgánicamente de las Cortes de Castilla y León, por lo que se reclama a su Presidencia que asuma su responsabilidad y garantice los recursos necesarios para que ambas instituciones puedan desarrollar adecuadamente sus funciones.
Garantizar los derechos de la ciudadanía también significa garantizar que las instituciones encargadas de protegerlos tengan personal suficiente para hacerlo. No podemos normalizar que una persona que busca amparo ante la falta de respuesta de una Administración tenga que esperar cerca de un año para recibir una respuesta de la institución a la que ha acudido en busca de ayuda.
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