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La resolución de la primera línea de ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha consolidado una inversión pública de 119 millones de euros para la planta de Votorantim Cementos en Toral de los Vados, León. Esta partida económica se enfoca en la ejecución de un proyecto de actuación integral orientado a reducir de forma drástica las emisiones de gases de efecto invernadero en la fábrica berciana. La subvención se enmarca dentro de una convocatoria estatal que distribuye un total de 518 millones de euros en aportaciones directas para proyectos industriales estratégicos repartidos por la geografía nacional.
La industria del cemento se ha convertido en el sector con mayor respaldo económico en esta adjudicación de fondos públicos, acumulando una cuantía superior a los 300 millones de euros. Junto a la planta leonesa de Toral de los Vados, destaca la asignación de 200 millones de euros concedida a las instalaciones de la empresa Cemex en Tarragona. Las subvenciones de este bloque buscan transformar los procesos productivos de un sector tradicionalmente intensivo en consumo energético y emisiones contaminantes a la atmósfera.
El resto de los fondos asignados por la administración pública da cobertura a proyectos vinculados a la manufactura de aluminio, papel y componentes químicos. Entre las principales partidas autorizadas destaca la adjudicación de 40.4 millones de euros a Aluminio Español para su factoría de Lugo, una ayuda de 38.1 millones de euros destinada a la Unión Industrial Papelera en Barcelona y otra subvención de 30.1 millones de euros asignada a la firma química Evonik.
Esta línea regulatoria inicial forma parte del engranaje global del plan para la descarbonización industrial en España. La dotación presupuestaria general cuenta con un techo de inversión pública de 3.170 millones de euros. Según los parámetros de las directrices estatales, las subvenciones proyectan movilizar una inversión total de hasta 11.800 millones de euros por parte del tejido empresarial privado. Los objetivos fijados a largo plazo contemplan un incremento de la productividad industrial del diez por ciento, la creación de 8.000 puestos de trabajo directos y la eliminación de 13 millones de toneladas de dióxido de carbono al año.
