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La crisis estructural que afecta al sector del vacuno de carne en España se ha agravado debido a la combinación de factores sanitarios, comerciales y de mercado. El censo de ganaderos registra un descenso anual sostenido del 10% , una tendencia vinculada a la falta de rentabilidad y a las dificultades operativas que afrontan las granjas locales. Ante este escenario, los productores exigen al Ministerio de Agricultura una revisión profunda de la política sectorial para frenar el cierre de las instalaciones productivas.
El comportamiento de los precios en origen compromete la viabilidad económica inmediata del sector vacuno. En el segmento de los pasteros, las cotizaciones acumulan dos meses consecutivos de descensos semanales de entre tres y seis céntimos de euro, lo que se traduce en una pérdida estimada de unos 200 euros por cada animal. Esta bajada responde directamente al bloqueo de las exportaciones a mercados tradicionales. Marruecos, destino que absorbió unas 60.000 cabezas de ganado de origen español durante el año 2024, mantiene sus fronteras cerradas por las restricciones de la dermatosis nodular. Al mismo tiempo, los procesos de negociación para abrir vías de comercialización con Grecia y Turquía avanzan de manera muy lenta.
A las dificultades comerciales se suma la preocupación por la competencia exterior y el impacto del acuerdo de Mercosur. Los ganaderos demandan la activación de cláusulas de salvaguardia y medidas espejo tras detectarse en el puerto de Rotterdam canales procedentes de Brasil con sustancias prohibidas por la normativa sanitaria de la Unión Europea. En el plano interno, el sector reclama un cambio en el programa de erradicación de la tuberculosis bovina hacia un modelo de control y convivencia. La cobertura nacional alcanza al 97% de las explotaciones , pero los índices estatales se encuentran estancados, con una prevalencia del 1,45% y una incidencia del 0,94%. Esta situación se concentra en áreas geográficas muy específicas como Andalucía, con una prevalencia del 5,92%, Castilla-La Mancha con un 5,61%, Extremadura con un 4,01% y Madrid con el 3,95%.
Por último, el relevo generacional constituye el principal condicionante para el futuro de la actividad ganadera. El marco regulatorio y las cargas burocráticas disuaden a los nuevos profesionales. Un reflejo de esta problemática es que el 40% de las incorporaciones de jóvenes ganaderos se tramitan actualmente al margen de las líneas de ayuda oficiales, con el objetivo de evitar los compromisos de mantenimiento de cinco años y los requisitos administrativos complejos. El sector fija como prioridades legislativas una simplificación de la gestión, la redefinición del concepto de agricultor activo y un modelo que contemple la pluriactividad ganadera.
