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COCEMFE Castilla y León ha elaborado un listado de ocho peticiones fundamentales dirigidas a la Consejería de Sanidad para transformar la atención sanitaria de las personas con discapacidad física y orgánica en la comunidad. Estas reivindicaciones surgen tras la celebración de la quinta edición de la Semana de la Salud, desarrollada hasta el 12 de abril en distintos puntos del territorio autonómico. La entidad, que representa a 93 asociaciones y atiende a 13.000 personas, demanda cambios estructurales que aseguren la igualdad de acceso a los servicios públicos, independientemente del lugar de residencia de los pacientes.
Uno de los ejes prioritarios es la situación de la asistencia sociosanitaria en el medio rural. Se solicita el refuerzo de las consultas médicas regulares y la incorporación de especialistas para evitar desplazamientos largos fuera de las provincias de origen. Asimismo, se reclama una reducción efectiva de las listas de espera en consultas especializadas y pruebas diagnósticas, cuya demora actual deteriora la salud de quienes padecen enfermedades crónicas.
En materia de tratamiento del dolor crónico, la organización pide potenciar el abordaje multidisciplinar que integre medicina, fisioterapia, psicología y terapia ocupacional. Además, propone avanzar en el cribado neonatal mediante una Iniciativa Legislativa Popular que iguale a Castilla y León con otras comunidades. Actualmente, en la región se analizan 20 enfermedades en recién nacidos, frente a las 39 de Galicia o las 49 de Canarias.
La confederación también pone el foco en la infancia y en las mujeres con discapacidad. Para los menores, se solicita un acceso garantizado a terapias ajustadas a su ciclo vital y una mayor coordinación entre las consejerías de Sanidad y de Familia. En el caso de las mujeres y niñas, se exige la eliminación de prejuicios en los servicios de ginecología y una formación específica de los equipos en materia de violencia de género y discapacidad.
Finalmente, las propuestas incluyen la humanización de los cuidados y la atención al bienestar emocional. Los datos indican que el 40,5% de las personas con discapacidad física y orgánica experimentan malestar emocional, frente al 14,3% de la población general. Por ello, se reivindica el derecho al apoyo psicológico de calidad y una coordinación sociosanitaria eficaz que unifique las historias clínicas y sociales para evitar la fragmentación de los tratamientos.
