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La decisión fue acordada por la Junta Directiva de Asaja en Castilla y León. La organización argumenta que la permanencia en INLAC carece de sentido en el contexto actual, citando lo que describen como un bloqueo completo de las negociaciones por parte de la industria y una falta de respeto hacia el sector ganadero. Según la opa, esta situación contraviene los principios fundamentales con los que la interprofesional fue creada en 1997, que incluían asegurar la viabilidad económica de las granjas y mejorar la transparencia y estabilidad de los mercados lácteos.
Un aspecto central del malestar de los ganaderos se deriva de las recientes condiciones contractuales impuestas por la industria láctea. Asaja Castilla y León señala que los ganaderos se han visto obligados a aceptar contratos que suponen una bajada del 14 por ciento en el precio de la leche, una medida que estará en vigor, como mínimo, durante los próximos tres meses. La organización denuncia que las industrias han pactado unilateralmente estas condiciones y las han impuesto bajo la amenaza de dejar de recoger la leche.
La ruptura de la confianza entre los ganaderos y la industria láctea es total, lo que motiva la petición de Asaja de reflejar esta situación en las relaciones institucionales entre las organizaciones profesionales agrarias y la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FENIL). La opa cuestiona la utilidad de seguir reuniéndose con la industria en el marco de la interprofesional ante la gravedad de la situación de los precios y la falta de capacidad de negociación.
En caso de materializarse la disolución de INLAC, una de las consecuencias directas para los ganaderos sería el cese de la aportación económica obligatoria que realizan por cada litro de leche producido. Actualmente, esta aportación asciende a 17,5 céntimos por cada tonelada de leche de vaca, oveja y cabra. Estos fondos se destinan fundamentalmente a la realización de campañas de promoción del sector lácteo.
