La Unión Española Fotovoltaica califica de recaudatorio el impuesto autonómico a los parques solares de Castilla y León

El nuevo gravamen extiende el Impuesto sobre la Afección Medioambiental a las instalaciones fotovoltaicas. Desde el sector se argumenta que los proyectos ya soportan una carga tributaria significativa a través de tasas estatales y municipales, destacando que los ayuntamientos de acogida perciben ingresos aproximados de diez mil euros por megavatio instalado que contribuyen a la dinamización de los municipios rurales. Asimismo, la patronal solar subraya que todas las plantas cuentan con los informes ambientales favorables preceptivos emitidos por la propia administración autonómica.

La crítica sectorial incide en que el diseño del tributo, calculado en función de la superficie ocupada en lugar del volumen de energía generado, perjudica de manera desigual a las instalaciones ubicadas en las provincias del norte frente al sur autonómico y castiga a los proyectos que integran usos agropecuarios complementarios. La organización empresarial advierte además de que el esquema impositivo y los límites de exención establecidos desincentivan las fórmulas de autoconsumo compartido contempladas en la normativa vigente, restando competitividad a las empresas e industrias locales.

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