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Esta convocatoria, gestionada a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, tiene como objetivo principal incentivar la puesta en marcha de proyectos tractores que generen nuevas iniciativas empresariales o fomenten la diversificación económica en ambas provincias. La medida se enmarca en las estrategias para paliar los efectos sociales y económicos derivados de la transición hacia una economía climáticamente neutra, conforme a los objetivos fijados por la Unión Europea para el año 2050 y el Acuerdo de París.
Las ayudas están diseñadas como subvenciones a fondo perdido. El importe máximo que podrá recibir cada proyecto será del 15 por ciento de los costes subvencionables, cifra que se corresponde con la intensidad máxima permitida para grandes empresas en el actual Mapa Regional de ayudas de Castilla y León. El programa busca, además de la inversión física en activos productivos, asegurar la creación de nuevos puestos de trabajo y garantizar la estabilidad de las plantillas actuales en las zonas afectadas por el proceso de descarbonización.
El plazo para que las compañías interesadas presenten sus solicitudes se abre este sábado y permanecerá vigente durante tres meses. Una de las particularidades de esta convocatoria es la posibilidad de solicitar anticipos de hasta el 40 por ciento de la subvención concedida, una opción que requiere la presentación previa de las garantías financieras estipuladas en la normativa vigente. Los fondos forman parte del marco operativo 2021-2027 y se concentran específicamente en el ámbito territorial de León y Palencia por su condición de territorios de transición justa.
Las inversiones financiables deberán estar alineadas con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Esto implica que las propuestas industriales no solo deben demostrar viabilidad económica y capacidad de arrastre para el tejido empresarial local, sino también una contribución directa a los objetivos de energía y clima establecidos para el horizonte 2030. Con esta dotación de más de 22 millones de euros, se pretende reforzar la competitividad del sector industrial en áreas que han sufrido un impacto significativo por el cierre de infraestructuras energéticas tradicionales.
