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La reciente aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la construcción de nuevas infraestructuras turísticas en el pantano de Riaño ha generado un conflicto administrativo y social. Los colectivos ambientales Gedemol y la plataforma Stop Pasarela han confirmado que iniciarán la vía judicial para paralizar las obras. El proyecto, adjudicado por 3,6 millones de euros, incluye una pasarela colgante de 250 metros, una ruta peatonal de seis kilómetros con miradores y un nuevo embarcadero en Anciles.
Los opositores sostienen que el procedimiento administrativo presenta carencias técnicas significativas. Argumentan que la intervención se localiza íntegramente dentro del Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre y el espacio Red Natura 2000 Picos de Europa, zonas sometidas a la máxima protección ambiental. Critican que la resolución favorable pospone el análisis de afecciones relevantes a fases posteriores, lo que vulnera la naturaleza preventiva que debe regir cualquier evaluación de impacto en espacios protegidos.
Un aspecto central de la denuncia es el posible conflicto de intereses institucional. El plan está promovido por la Fundación Patrimonio Natural, dependiente de la propia Junta de Castilla y León, administración que a su vez ha otorgado la autorización ambiental. Asimismo, se señala la falta de un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) en el Parque Regional, una carencia que persiste tras tres décadas de su declaración y que impide una zonificación clara de los usos permitidos en el entorno del embalse.
Desde la perspectiva socioeconómica, los colectivos vecinales cuestionan el modelo de desarrollo propuesto. Indican que la presión turística actual ya genera problemas estructurales, como la escasez de vivienda para residentes debido al auge del alquiler vacacional. Además, denuncian que se prioricen grandes infraestructuras de ocio mientras la comarca sufre deficiencias en servicios básicos, mencionando problemas recurrentes en las telecomunicaciones y compromisos de recuperación patrimonial que no se han ejecutado.
La administración autonómica sostiene, por el contrario, que el proyecto diversificará la oferta económica de la montaña leonesa sin comprometer la fauna local, descartando impactos negativos sobre especies como el oso pardo o el urogallo. La vigencia de esta declaración ambiental es de cuatro años, periodo en el que las empresas adjudicatarias deberán comenzar los trabajos para que el permiso no caduque. La proximidad de la cita electoral del 15 de marzo de 2026 también ha sido señalada por los colectivos como un factor que ha acelerado los plazos de aprobación.
