RML
El principal problema no se sitúa en la fase inicial de tramitación, sino en el momento posterior, cuando la prestación ya ha sido concedida pero el ingreso no se materializa. Este desfase entre la resolución administrativa y el pago genera un vacío de cobertura que, en la práctica, obliga a las familias a adelantar recursos propios para garantizar cuidados básicos.
El modelo de atención vigente en la Comunidad se apoya de forma significativa en prestaciones económicas, en lugar de ofrecer de manera inmediata servicios públicos o concertados suficientes. Esta estructura provoca que, mientras el pago no llega, la atención recaiga en servicios privados o en el entorno familiar, incluso en situaciones que requieren asistencia diaria y continuada.
Las demoras no son un fenómeno reciente. Ya en la primavera de 2025 se había señalado la existencia de retrasos persistentes en el abono de estas ayudas, sin que desde entonces se haya producido una corrección efectiva del problema. El órgano encargado de gestionar los pagos es la Gerencia de Servicios Sociales, responsable de ejecutar el ingreso una vez finalizado el procedimiento.
Las consecuencias prácticas del retraso son relevantes. La falta de liquidez dificulta la contratación de cuidadores, compromete la continuidad de la atención domiciliaria y altera la organización cotidiana de personas con dependencia y de quienes las atienden. En muchos casos, la necesidad de apoyo no admite aplazamientos, lo que convierte el retraso administrativo en un problema social inmediato.
Además, el impacto se extiende a otras administraciones. Ayuntamientos y diputaciones se ven obligados a activar recursos propios para cubrir situaciones urgentes mientras la prestación no se hace efectiva, asumiendo costes que no siempre les corresponden. Datos clave como el número total de expedientes afectados o el importe económico acumulado por las demoras todavía no ha trascendido, lo que dificulta dimensionar con precisión el alcance del problema.
