RML
El coordinador de Izquierda Unida Castilla y León, Juan Gascón, ha exigido hoy a las instituciones públicas un incremento en los compromisos vinculados a las políticas de memoria y la protección efectiva de los espacios históricos relacionados con la represión. La reclamación se ha realizado formalmente en el municipio leonés de Burón, durante el transcurso del acto anual de homenaje a las personas represaliadas por el franquismo en la comarca de la Montaña Oriental Leonesa.
La jornada central de este domingo ha congregado a representantes de la organización política y de colectivos sociales en la tradicional subida hasta la sima del Pozo Grajero, un emplazamiento utilizado para el depósito de numerosas víctimas civiles durante el periodo de la guerra y la posguerra. La convocatoria de este año ha coincidido con el décimo aniversario del fallecimiento de Mario Osorio, fundador y presidente de la agrupación vecinal encargada de la defensa y recuperación de la memoria histórica en este entorno geográfico.
El coordinador provincial de la formación política, Sergio Carro, ha expuesto la situación de excepcionalidad administrativa en la que se encuentra el territorio leonés. A pesar de registrar niveles elevados de represión histórica, la provincia no dispone en la actualidad de ningún enclave declarado formalmente como Lugar de Memoria Democrática bajo el amparo de la legislación estatal vigente. Los representantes políticos han recordado que la provincia albergó el campo de concentración de San Marcos, una de las principales instalaciones de reclusión del Estado, así como diversos destacamentos penales ubicados en las cuencas mineras donde se aplicaron sistemas de trabajos forzados a presos políticos.
La organización ha vinculado la ausencia de declaraciones oficiales a la falta de respuesta parlamentaria por parte del Gobierno Central. El pasado mes de diciembre se registró en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas específicas destinadas a conocer las actuaciones previstas para la declaración formal de estos espacios singulares en los municipios de León. La ausencia de contestación a estas iniciativas legislativas dificulta, a juicio de los promotores, el cumplimiento efectivo de las obligaciones de reparación jurídica y reconocimiento público que establece la Ley de Memoria Democrática para los afectados y sus familiares directos.
