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La Junta de Castilla y León confirmó la muerte de 16 lobos en la provincia de Palencia entre enero de 2024 y marzo de 2025, periodo en el que la especie estaba incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE). De estos ejemplares, tres murieron por disparos en las localidades de Villabasta de Valdavia, Guardo y Salcedillo (dos hembras y un macho).
Según los datos facilitados por la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental en respuesta a una solicitud de información presentada por Ecologistas en Acción en mayo de 2025, las causas de muerte de los 16 lobos, determinadas mediante necropsias, se distribuyen de la siguiente manera: siete por atropello, tres por disparo, tres por causa desconocida, uno por intoxicación, otro por mordedura de cánido y uno por enfermedad, según detalló Ecologistas en Acción mediante un comunicado recogido por Ical.
La organización ecologista destaca que estas cifras evidencian una "elevada tasa de mortandad no natural" que pone en riesgo el estado de conservación del lobo ibérico, catalogado como desfavorable e inadecuado, lo que compromete su viabilidad futura. Además, recuerdan que los datos oficiales suelen representar solo un porcentaje reducido de las muertes reales, ya que muchas no se registran.
Ecologistas en Acción anunció que solicitará al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia detalles sobre las investigaciones realizadas en los casos de los tres lobos abatidos, dado que ocurrieron cuando la especie gozaba de protección estricta.
La asociación critica a la Junta de Castilla y León por, según ellos, aprovechar el periodo de protección para acceder a fondos europeos y capturar ejemplares para radiomarcaje con el pretexto de controlar individuos conflictivos, sin avanzar suficientemente en medidas de gestión y conservación reales. Esto, añaden, evitaría confrontaciones con sectores ganadero y cinegético que defienden una supuesta situación favorable de la especie.
Finalmente, los ecologistas insisten en que estos datos provinciales deberían reflejarse en el censo regional de la Junta, lo que dificultaría justificar cualquier reducción en el nivel de protección del lobo.
