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El Ayuntamiento ha trasladado públicamente esta queja tras los ataques y también intentos de ataque registrados en explotaciones de la zona. Los apicultores sostienen que las indemnizaciones actuales no cubren el impacto económico que provoca un episodio de este tipo, porque el perjuicio no se limita a la colmena dañada. A la destrucción material se suma, explican, la pérdida de enjambres, la interrupción de la producción de miel durante toda la temporada y otros daños asociados que, en su experiencia, no siempre se reconocen en la valoración.
Uno de los puntos que centran la reclamación es el criterio aplicado para catalogar las colmenas afectadas. Los apicultores denuncian que, en numerosos casos, se consideran recuperables enjambres que han quedado varios días a la intemperie, expuestos al frío y a las condiciones propias del invierno en Babia. Señalan que esa calificación se realiza sin garantías de recuperación real, lo que reduce la cuantía de la compensación y traslada al productor un riesgo que acaba pagando con tiempo y recursos propios.
El alcalde, David Marcello, ha enmarcado el problema en la sostenibilidad de la actividad en el medio rural. La apicultura, además de su peso económico local, depende de calendarios ajustados y de la estabilidad de los colmenares. Cuando un ataque obliga a paralizar o reorganizar explotaciones, la repercusión se extiende a toda la campaña, con pérdidas indirectas difíciles de encajar en un cálculo basado solo en daños visibles.
Apicultores y Ayuntamiento plantean que la convivencia con la fauna salvaje exige un sistema de compensación que funcione con rapidez, y que no obligue a esperar largos periodos para recuperar parte de lo perdido. En ese marco, piden una actualización de los baremos, un procedimiento de pago más ágil y la implantación de medidas preventivas eficaces, con financiación completa, para reducir el número de incidentes.
El planteamiento municipal también advierte de un riesgo de abandono progresivo de colmenares si la respuesta administrativa no se ajusta al impacto real de los ataques. Todavía no ha trascendido si existe un calendario concreto para revisar los criterios de valoración o si se abrirá una mesa de trabajo con el sector en la zona.
