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La presidencia de la Comisión Europea ha procedido a la aplicación provisional de este tratado comercial pese a los resultados de la auditoría oficial DG(SANTE) CT-2025-0241. Dicho informe concluye que Brasil no garantiza plenamente que la carne exportada a la Unión Europea esté libre de estradiol 17β, una hormona cuyo uso está restringido en el mercado comunitario. La auditoría señala que las medidas adoptadas por las autoridades brasileñas no son plenamente eficaces y que las deficiencias detectadas socavan la confianza en su sistema de control.
Esta decisión institucional permite incrementar los contingentes de importación en sectores sensibles para la economía española, como el ganadero. Las organizaciones profesionales denuncian que la apertura del mercado se produce sin exigir una reciprocidad real en las normas sanitarias, medioambientales y de bienestar animal que sí deben cumplir obligatoriamente los productores europeos. Esta asimetría normativa sitúa a los agricultores y ganaderos nacionales en una posición de vulnerabilidad frente a las importaciones de terceros países.
Sin embargo, el proceso para la ratificación definitiva del acuerdo todavía no ha concluido. El Parlamento Europeo deberá votar el texto y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene pendiente pronunciarse sobre diversas dudas jurídicas planteadas. Además, países como Hungría y Polonia ya han anunciado la presentación de recursos que podrían derivar en una suspensión cautelar de la aplicación del tratado. En este escenario, el sector agrario ha solicitado al Gobierno de España que estudie la presentación de un recurso propio ante el tribunal europeo para proteger los intereses nacionales.
La seguridad alimentaria europea y la viabilidad de las explotaciones familiares son los puntos principales de conflicto en esta negociación. El sector advierte de que el aumento de las importaciones de carne tratada con sustancias prohibidas en Europa supone un agravio comparativo y un riesgo potencial para el consumidor. Ante la gravedad de los hechos, las movilizaciones agrarias se mantendrán activas mientras no se garantice que todos los productos que ingresen en el mercado común cumplan estrictamente con los mismos estándares de calidad y seguridad exigidos a la producción interna.
