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Los hechos se originaron durante una salida del centro educativo. La profesora realizó fotografías en las habitaciones privadas de los menores y las compartió mediante un mensaje privado con otra madre. Posteriormente, esa receptora reenvió el contenido al grupo de padres del colegio, fuera del procedimiento autorizado para el tratamiento de imágenes del alumnado y sin contar con el consentimiento correspondiente.
La madre que alertó a Incibe expuso que el colegio ya había advertido a la docente sobre el uso de esas imágenes, pero que, pese a ello, continuó compartiendo fotografías de la excursión. Ante la situación, decidió trasladar lo ocurrido a la inspección educativa y solicitar orientación a través del 017 para conocer qué pasos podía dar y qué vías existían para limitar la difusión y proteger la intimidad de la menor.
Desde el servicio se indicó que los centros educativos tienen responsabilidad en la activación del protocolo correspondiente y que, si procede, pueden informar a las familias mediante una circular anónima. También se recomendó reportar el caso en la propia plataforma donde se estaban compartiendo las imágenes, contactar con WhatsApp para informarse sobre el tratamiento de datos en la aplicación y advertir a los padres que recibieron las fotos sobre las implicaciones derivadas de conservarlas o reenviarlas.
Entre las pautas trasladadas a la usuaria figura la recopilación de evidencias, con capturas y datos de los envíos, para disponer de un registro de lo sucedido. Además, se planteó valorar la presentación de una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado si la madre lo consideraba necesario, en función del alcance de la difusión y de la gravedad del contenido compartido.
Incibe también informó sobre canales específicos para reportar la exposición de imágenes sensibles, como el Canal Prioritario y el sistema Hotline. A la madre se le sugirió realizar "egosurfing", una búsqueda en internet con datos de su hija para detectar publicaciones no deseadas y, en su caso, solicitar la retirada de contenidos o ejercer el derecho al olvido. Por último, se le indicó la posibilidad de acudir a la Agencia Española de Protección de Datos para tramitar las actuaciones oportunas en materia de privacidad y protección de menores.
