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Suárez-Quiñones desglosó ante el hemiciclo las principales partidas económicas vinculadas a la campaña de incendios. A los 11,3 millones de euros imputados de manera específica a las labores de extinción añadió el coste del personal del llamado capítulo uno, que asciende a 35,6 millones de euros. Incorporó además los recursos destinados a cuadrillas, infraestructuras y vehículos, que fijó en 89,9 millones de euros.
El consejero señaló igualmente que la Junta mantiene líneas de subvención para la prevención dirigidas a propietarios privados, por un importe global de 94 millones de euros, y que se reservan otros ocho millones para actuaciones destinadas a proteger los entornos urbanos de los municipios frente al riesgo de incendios. Con este esquema defendió que la comunidad cuenta con un dispositivo "robusto" y con un esfuerzo presupuestario sostenido tanto en extinción como en prevención.
La viceportavoz del Grupo Socialista, Nuria Rubio, cuestionó con dureza la gestión de la Consejería de Medio Ambiente. Le acusó de mentir en las cifras y sostuvo que la falta de transparencia que rodea la campaña de incendios "hace sospechar que se oculta algo". Rubio recordó que, a 1 de junio, la Consejería únicamente había ejecutado el 48 por ciento de los 104 millones de euros previstos para prevención, y vinculó ese grado de ejecución con la gravedad de los fuegos y el coste posterior de apagarlos.
La procuradora afirmó que, de haberse invertido "lo necesario" en prevención, la comunidad no estaría afrontando ni el impacto ambiental de los incendios ni el gasto acumulado de su extinción. En su intervención, reprochó también al consejero un trato "de maltrato" al operativo y a los profesionales que integran el dispositivo, y adelantó que deberán dar explicaciones ante la Fiscalía. Amplió sus críticas al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al que señaló como máximo responsable por mantener al consejero en el cargo.
En su turno de réplica, Suárez-Quiñones rechazó todas las acusaciones y devolvió el reproche al Grupo Socialista. Les atribuyó "falta de responsabilidad" por haber rechazado un decreto ley orientado, según defendió, a reforzar el dispositivo contra incendios. El intercambio evidenció la distancia política entre el Gobierno autonómico y la oposición respecto al modelo de planificación, prevención y respuesta frente a los incendios forestales en la comunidad.
