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La Junta de Castilla y León llevará este miércoles a la Mesa de Negociación del Personal Laboral y a la Mesa Sectorial de la Función Pública una propuesta para estabilizar y reorganizar el operativo autonómico de incendios. El planteamiento incluye la transformación de 837 puestos actualmente fijos discontinuos en personal laboral fijo durante todo el año, con efectos previstos a partir del 1 de enero y una inversión adicional de 12,6 millones de euros.
La medida afecta a tres categorías profesionales: 217 puestos de oficial de montes y conductor maquinista, 403 puestos de vigilante de incendios y 217 puestos de peón de montes y extinción. El cambio implica que estos trabajadores pasarán de prestar servicio solo en parte del año a desarrollar funciones durante los doce meses, lo que permitirá reforzar la prevención, mantener disponibilidad permanente de medios humanos y ampliar la respuesta ante emergencias que entren dentro del ámbito de protección civil. El coste total del dispositivo, una vez aplicada la conversión, ascenderá a 22,4 millones.
La propuesta incluye también al personal laboral de la categoría de operador de centro de mando, que ya trabaja a tiempo completo. En su caso, la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo contempla 59 puestos, entre actualizaciones y nuevas plazas, como parte de una reorganización orientada a dotar de mayor estabilidad y eficacia al operativo.
En paralelo, la Junta presentará cambios en la RPT del personal funcionario. Entre ellos figura la creación efectiva del nuevo Cuerpo de Agentes Medioambientales del Grupo B, así como la mejora del nivel del complemento de destino, que pasará del 16 o 17 al 18. La medida, con un coste superior al millón de euros, ajusta las retribuciones a las responsabilidades asociadas a la protección del medio natural. El acceso al nuevo Cuerpo se realizará mediante integración voluntaria y directa de agentes del subgrupo C1 que cuenten con la titulación necesaria.
La propuesta incorpora además un nuevo complemento específico para puestos vinculados a incendios forestales. Los ingenieros superiores de montes e ingenieros técnicos forestales verán incrementadas sus retribuciones en 2.660 euros anuales, mientras que los agentes medioambientales percibirán un aumento de 1.050 euros. Esta actualización beneficiará a más de 1.100 empleados públicos y supondrá un impacto aproximado de 2 millones de euros.
La Junta prevé extender este complemento al personal laboral del operativo, incluido el grupo de celadores de medio ambiente y algunos conductores, aunque esta medida está condicionada al acuerdo previo de la Mesa del Convenio Colectivo. El incremento implicaría 1,81 millones adicionales.
La aplicación plena de todas estas modificaciones depende, en parte, de la convalidación del Decreto-Ley 1/2025 en las Cortes de Castilla y León. La aprobación parlamentaria permitirá poner en marcha el nuevo Grupo B y garantizar la implantación de las mejoras retributivas y organizativas previstas.
