Stop incendios del Noroeste exige “soluciones para prevenir nuevos incendios y no intensificar el  negocio privado sobre las cenizas de la catástrofe”

Stop incendios del Noroeste reclamó hoy “soluciones para prevenir nuevos incendios y no intensificar el negocio privado sobre las cenizas de la catástrofe”. El colectivo denunció que la normativa sobre la materia recién aprobada “abre la puerta a la especulación forestal y energética en Castilla y León y en todo el país”.
El pasado 29 de agosto y el 5 de septiembre de 2025, señalan en un comunicado, el Gobierno central y la Junta publicaron de forma casi simultánea una batería de normas destinadas “a la prevención, vigilancia, extinción y recuperación frente a los incendios forestales”. Sin embargo, apuntan, lejos de situar la biodiversidad, el agua, los suelos y la población rural en el centro de las políticas, los textos legales analizados revelan una preocupante deriva: la conversión de los montes incendiados en cantera de biomasa y negocio energético.
Afirma que estas disposiciones, publicadas casi a la vez, “configuran un nuevo andamiaje normativo que normaliza la movilización masiva de biomasa y facilita redes de calor y macroproyectos energéticos, sin establecer frenos a la especulación ni garantías ambientales reales” y ninguno de los textos incorpora la veda histórica que debe recaer sobre los montes incendiados para evitar su explotación inmediata.
Vecinos y ayuntamientos, señalan, han quedado al margen y no hay indicadores obligatorios sobre especies, agua o paisaje y ni se menciona el riesgo de desertificación y pérdida de cauces post-incendio. Tampoco se refuerzan, dicen, las figuras de protección comunitaria ni la vigilancia social de los montes y se prioriza la biomasa industrial frente a modelos locales, de pequeña escala y bajo impacto. “Ninguna norma establece umbrales de extracción o movilización, abriendo la puerta a un aprovechamiento abusivo”, resaltan.
Las nuevas normas, a su juicio, dibujan “un relato oficial de modernización y eficiencia, pero la realidad es otra: se sustituye la restauración ecológica por la explotación forestal, se entrega la gestión del territorio a consultoras y empresas de biomasa, y se reduce la recuperación post-incendio a un negocio disfrazado de sostenibilidad”.
“En lugar de reforzar brigadas públicas, proteger la biodiversidad, regenerar los suelos y dar voz a la ciudadanía, la Junta y el Gobierno central han tejido un marco legal que mercantiliza el fuego y abre la puerta a que cada hectárea quemada se convierta en kilovatios de calor urbano”.