La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha reclamado al consejero de la Presidencia de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, que ponga fin al problema que atraviesa el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo por la ausencia de interventor. La situación afecta a más de 30.000 vecinos del municipio y mantiene bloqueados diversos servicios esenciales.
Provincia04 de septiembre de 2025
RML
El Ayuntamiento carece de interventor habilitado, lo que ha paralizado expedientes clave para el funcionamiento ordinario de la administración local. Entre los asuntos pendientes figuran la adquisición de un nuevo camión de recogida de basuras, la licitación del contrato de suministro de gas, la aprobación de una oferta de empleo público y la firma de un nuevo convenio de bomberos. La falta de estos trámites está repercutiendo directamente en la calidad de los servicios municipales.
La UPL considera que la Junta de Castilla y León debe actuar de manera inmediata para cubrir las vacantes de interventores en los municipios que lo requieran, con independencia de su signo político. La formación leonesista sostiene que la inacción del Gobierno autonómico está generando un estado de indefensión en los ayuntamientos afectados, y en particular en el caso de San Andrés, segundo municipio de la provincia en número de habitantes.
La reclamación se trasladará también a las Cortes de Castilla y León con el objetivo de exigir responsabilidades y acelerar una solución. Desde el partido se advierte de que la falta de respuesta por parte de la Consejería de la Presidencia está comprometiendo la prestación de servicios básicos, como la gestión de residuos, el suministro energético o la seguridad a través del servicio de bomberos.
El problema de la falta de habilitados nacionales no es exclusivo de San Andrés, aunque en este municipio la ausencia de interventor se prolonga y agrava sus efectos por la magnitud de la población afectada. Todavía no ha trascendido si el consejero González Gago tiene previsto anunciar medidas concretas para resolver esta carencia a corto plazo.
La situación mantiene en incertidumbre a los vecinos, que observan cómo decisiones esenciales para el funcionamiento del Ayuntamiento permanecen bloqueadas. El desenlace dependerá de las actuaciones que adopte en las próximas semanas la Junta de Castilla y León.
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