El ministro de Política Territorial reconoce el derecho legítimo de León, Zamora y Salamanca a conformar una comunidad autónoma

En el encuentro participaron la secretaria general de UPL, Alicia Gallego, el vicesecretario Luis Mariano Santos y el presidente del partido, Carlos Javier Salgado. Por parte del Gobierno, además de Torres, asistieron el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, la directora del gabinete del secretario de Estado, Sonia Rodrigo, y el diputado nacional por León del PSOE, Javier Alfonso.

Durante la reunión, UPL trasladó al ministro las razones históricas, económicas y constitucionales que fundamentan su propuesta de crear una comunidad propia para las tres provincias del antiguo Reino de León. Gallego subrayó que la reivindicación responde tanto a una demanda política como ciudadana, recordando que más de 70 ayuntamientos de León, Zamora y Salamanca, además de la Diputación de León, han aprobado mociones a favor de la autonomía leonesa.

La secretaria general defendió que el artículo 143 de la Constitución Española “ampara plenamente” la posibilidad de que los territorios con identidad histórica propia puedan constituirse en comunidad autónoma. Añadió que el objetivo de UPL es avanzar hacia un modelo institucional que fortalezca el desarrollo económico y social de la Región Leonesa, frente al desequilibrio territorial que —sostiene el partido— ha afectado a esta zona dentro de la actual comunidad de Castilla y León.

Torres, por su parte, manifestó su disposición a conocer y analizar en profundidad las propuestas de UPL, abriendo una vía de diálogo institucional sobre el encaje jurídico y político de la petición. Aunque no se concretaron compromisos formales, el ministro consideró legítimo el planteamiento y valoró la importancia de atender las distintas sensibilidades territoriales desde el respeto al marco constitucional.

La reunión, que UPL calificó de positiva, refuerza la estrategia del partido para situar el debate autonómico leonés en la agenda política nacional y reclamar un reconocimiento institucional diferenciado para las provincias del noroeste peninsular.