Presión para la Junta a la que se le pide una auditoría sobre los 35 contratos con empresas para la prevención y extinción de incendios

Izquierda Unida (IU) solicitará a la Junta de Castilla y León una auditoría sobre los 35 contratos con empresas como Taher, Estudios y Trabajos Forestales, Oficina técnica de montes, IGM y UTE, entre otras, para la prevención y extinción de incendios forestales en la Comunidad. No en vano, recordó que las concesiones otorgadas oscilan entre uno y siete millones de euros. “No puede ser que la única fiscalización al cumplimiento de los contratos sean preguntas a gerentes de las empresas. Lo pertinente para una administración autonómica son consultas a los sindicatos, requerimientos de información, cruce de datos con la Seguridad Social y visitas ‘in situ’ para garantizar que las empresas privadas están cumpliendo los pliegos”, denunció el coordinador general de Izquierda Unida en Castilla y León, Juan Gascón. 
Un comunicado de la formación, recogido por la Agencia Ical, señaló que respalda las denuncias a la Junta por su gestión de los incendios, impulsadas por el movimiento ecologista y sindical, para que sean inspeccionadas con la mayor agilidad posible y que se supervisen todas las anomalías detectadas por el movimiento sindical y ecologista.
No en vano, se suma a las acusaciones a la administración autonómica por la descoordinación en las operaciones para la extinción de los incendios que han asolado varias provincias de Castilla y León en las últimas semanas. En este sentido, recordó que varios sindicatos se han querellado ante Inspección de Trabajo por supuestos incumplimientos en las condiciones sociolaborales de los bomberos forestales como turnos de veinte horas, falta de descansos, contratos sin experiencia o escasez de equipos, protección y avituallamiento. 
“Una de las brigadas llevaba un botellín pequeño de agua y medio bocadillo para todo el día, con trabajadores deshidratados y con calambres por el sobresfuerzo realizado en las tareas de extinción”, señaló UGT, como ejemplo, en su reclamación. Por su parte, Ecologistas en Acción se ha fijado en el caso del helicóptero de Villaeles de Valdavia, en la montaña palentina, que tuvo que ser sustituido por el de Medina de Pomar debido su inoperatividad.
“Es responsabilidad de la Junta la supervisión de que tanto los helicópteros y motobombas como el personal contratado por estas empresas cumple con lo establecido en los contratos por los que ingresan millones de euros anuales”, señala Juan Gascón, coordinador general de Izquierda Unida en Castilla y León. Tanto el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como las 35 empresas niegan los problemas que, según la organización, se han hecho evidentes en materia de seguridad, avituallamiento, descanso y coordinación. 
Por último, IU propondrá a las Cortes de Castilla y León un operativo cien por cien público, permanente, dotado de recursos y con personal en condiciones dignas. “Solo así podremos proteger nuestros montes, nuestra biodiversidad y a nuestros pueblos, que hoy se sienten desamparados por la Junta de Castilla y León”, concluyó Gascón.