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Unión del Pueblo Leonés denuncia públicamente la “inadmisible desventaja que sufren los estudiantes leoneses” en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) y reclamó “justicia y uniformidad” ante una situación que “pone en jaque su futuro académico y profesional”, según Susana Martínez, integrante del Consejo General y concejala en el Ayuntamiento de La Robla.
La formación política se hace eco de la preocupación manifestada por directores de varios centros de Educación Secundaria de León, quienes han alertado sobre la disparidad inexplicable en las calificaciones de una misma materia, atribuyéndola a la falta de criterios unificados entre los correctores. Esta preocupante situación, asegura Martínez, se ve corroborada por datos irrefutables: en la pasada convocatoria de la PAU, la nota media de la fase general en Valladolid alcanzó un 7,51, mientras que en León apenas llegó a un 6,80. Una brecha de casi 0,7 puntos que se repitió, con ligeras variaciones, en la convocatoria extraordinaria de julio. Esta diferencia, subraya, “no es un mero número; es una barrera que perjudica directamente a los jóvenes leoneses en su acceso a grados universitarios con notas de corte elevadas, anulando en muchos casos el esfuerzo de años de estudio”.
“Es una verdadera injusticia que el futuro de nuestros estudiantes dependa de la subjetividad de un corrector o de la provincia en la que realicen el examen”, afirma la leonesista. “No podemos permitir que el talento y el trabajo de los jóvenes de León se vean mermados por una cuestión de territorialidad dentro de la misma comunidad autónoma”, añade.
Los directores de los centros afectados han solicitado una unificación y clarificación urgente de los criterios de calificación y UPL apoya firmemente esta iniciativa y exige a la Consejería de Educación y a las universidades implicadas que actúen de inmediato.
La solución, detalla, pasa por la concreción de los criterios de calificación. Definir de manera exhaustiva y transparente qué se valora en cada pregunta y cómo se puntúa, explica, no solo garantizaría la equidad para los alumnos sino que también ayudaría a los propios correctores a mejorar su desempeño y a unificar sus métodos, reduciendo la variabilidad y asegurando una evaluación justa para todos.
