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El Consejo de Gobierno aprobó hoy la puesta en marcha de la tarjeta BUSCyL, que extenderá la gratuidad del transporte público por carretera en los servicios de titularidad de la Junta para las personas empadronadas en Castilla y León. Una medida que supondrá una inversión estimada para el Gobierno autonómico de entre 60 y 65 millones de euros anuales.
“Es una decisión enmarcada en una política estructural, planificada y permanente de la Junta”, afirmó durante la presentación de la medida el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, que aseguró que la medida “no es coyuntural”, y persigue “garantizar la movilidad sostenible con independencia del lugar de residencia de las personas a las que beneficia”.
También destacó Sanz Merino, en declaraciones recogidas por Ical, que se trata de una medida “pionera” que sitúa a Castilla y León “a la vanguardia de los servicios públicos de movilidad” en España, y su ejecución tendrá lugar a partir del 1 de julio para los menores de 15 años, que podrán solicitar la tarjeta desde el 1 de junio, y desde el 1 de septiembre para el resto de la ciudadanía, que deberá cursar su solicitud para obtener la tarjeta BUSCyL desde el 1 de julio.
