RML
Ecologistas en Acción lamentó hoy la aprobación este jueves, con su voto en contra, del dictamen de la Consejería de Medio Ambiente favorable al Proyecto Regional que constituye el marco para la futura autorización de una planta de biomasa a partir de astilla forestal, con una potencia de 88 MWt -megavatio térmico-, una planta de biogás con capacidad para 50.530 toneladas anuales de residuos domésticos y lodos y una planta de producción de hidrógeno abastecida mediante un parque solar fotovoltaico también incluido en el proyecto en el barrio leonés de Puente Castro.
Consideraron que el carácter local de estas instalaciones, destinadas básicamente al suministro de agua caliente a una red de calor en la ciudad de León y a la gestión de residuos municipales, el Proyecto Regional carece del interés de la actuación para la Comunidad. “No contiene ninguna justificación de su incidencia supramunicipal, porque no la tiene, reiterando el abusivo uso de la figura de Proyecto Regional que vienen protagonizando en los últimos tiempos Somacyl y la Junta para imponer sus proyectos” argumentaron en un comunicado y recordaron que el PR permite agilizar expropiaciones, suplir licencias municipales y limitar la participación pública.
Añadieron que por su contenido urbanístico, el Proyecto Regional requiere una evaluación ambiental estratégica ordinaria, habiendo sido sustituido erróneamente dicho trámite ambiental, propio de los planes y programas, por una evaluación de impacto ambiental de proyectos, cuya declaración no ha sido dictada y su omisión, dicen, es causa de nulidad radical como la ausencia de alternativas de ubicación. También esgrimieron que el PR no justifica la desprotección de los suelos rústicos con protección natural y especial en los que se emplaza, sin que hayan cambiado las circunstancias que motivaron dicha protección.
Por otro lado, la organización mostró su indignación por la falta de respuesta a las 296 alegaciones presentadas. “Se ignora el rechazo social, especialmente de los vecinos y vecinas del barrio de Puente Castro, y se conculca el derecho legítimo a obtener de la Administración una respuesta razonada”, concluyó.
