Valderrueda logra frenar el desmantelamiento de la torre de vigilancia de San Jorge

Esta decisión obliga a la Junta de Castilla y León a revertir su plan inicial de reemplazar la vigilancia presencial por un sistema de cámaras.

El portavoz socialista, Emilio Ruiz, justificó la necesidad de mantener la torre señalando que las videocámaras no ofrecen la misma fiabilidad, como quedó demostrado en los devastadores incendios de Sierra de la Culebra en Zamora. Además, subrayó que la ubicación estratégica de la torre permite una visión panorámica clave para la detección temprana de incendios, abarcando incluso hasta Guardo y Boca de Huérgano, una cobertura que no puede ser suplida por otras torres cercanas ni por dispositivos electrónicos.

"Nuestro valle está catalogado como zona de alto riesgo según los mapas de Infocal, y la vigilancia presencial es imprescindible para la seguridad de la comarca", afirmó Ruiz. También advirtió sobre el impacto negativo de la retirada de los puestos de trabajo asociados a estas torres, lo que acentuaría la despoblación y la pérdida de servicios en la España vaciada.

Un revés para la Junta: presión política y rectificación
La moción aprobada en Valderrueda se suma a la iniciativa similar adoptada en Prioro, también promovida por el PSOE, lo que ha aumentado la presión sobre la Junta de Castilla y León. Finalmente, la administración autonómica ha tenido que dar marcha atrás y ha anunciado la reincorporación de los vigilantes este mismo mes de abril por un período de seis meses.

El PSOE ha calificado de "frívola y negligente" la propuesta inicial de la Consejería de Medio Ambiente, que pretendía sustituir la vigilancia humana por videocámaras a pesar del alto riesgo de incendios en la zona.

Seis torres en León y 98 empleos en juego
La rectificación de la Junta afecta a seis torres de vigilancia en la provincia de León, ubicadas en:

* Villablino (Sosa)
* Riello (Cueto Robles)
* La Robla (Peña Aguda)
* Garrafe de Torío (Manzaneda de Torío)
* Valderrueda (San Jorge)
* Candín (El Bierzo)
El mantenimiento de estas torres garantiza 98 empleos en Castilla y León y refuerza la seguridad en las comarcas rurales, especialmente tras los graves incendios de 2022.

Inicialmente, la Junta pretendía eliminar la presencia de vigilantes y sustituirlos por videocámaras en 90 torres distribuidas por toda la comunidad autónoma, afectando a Ávila (3), Burgos (13), León (6), Palencia (5), Salamanca (4), Segovia (22), Soria (34), Valladolid (5) y Zamora (18).

La presión política y la movilización en los municipios han logrado revertir una decisión que ponía en riesgo la prevención de incendios en áreas de alta vulnerabilidad, marcando un precedente en la lucha por el mantenimiento de los servicios esenciales en el medio rural.