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BOLETIN INFORMATIVO 2 OCTUBRE 2025
En los municipios rurales de la montaña leonesa, donde la Policía Local brilla por su ausencia, los ayuntamientos se enfrentan a una tarea cada vez más complicada: hacer cumplir las normativas legales. La falta de personal policial en estas localidades supone un grave problema para garantizar el orden, controlar infracciones y asegurar el cumplimiento de las ordenanzas municipales.
Montaña Leonesa19 de marzo de 2025Un problema estructural
En la mayoría de los pequeños municipios de la montaña leonesa, las competencias en materia de seguridad y orden público recaen en la Guardia Civil. Sin embargo, este cuerpo cuenta con recursos limitados y debe atender un amplio territorio, lo que dificulta una intervención rápida y eficaz en casos de incumplimiento de normativas locales.
Los ayuntamientos, por su parte, carecen de herramientas efectivas para hacer valer sus ordenanzas. Desde problemas de vertidos ilegales hasta construcciones irregulares y la circulación de vehículos todoterreno por zonas protegidas, los alcaldes y concejales se ven impotentes ante la falta de un cuerpo de Policía Local que pueda sancionar y vigilar de manera constante.
Consecuencias para los vecinos y el medio ambiente
La ausencia de un control efectivo tiene consecuencias tangibles. Los habitantes de estas localidades denuncian el incumplimiento de normas de convivencia, el mal uso de los espacios públicos y la proliferación de actividades que afectan al medio ambiente. En muchos casos, los expedientes sancionadores quedan en papel mojado, ya que los ayuntamientos no cuentan con personal suficiente para hacer seguimiento de las infracciones.
En el caso de los espacios naturales protegidos, la situación es especialmente preocupante. Sin vigilancia adecuada, algunas personas aprovechan la falta de control para realizar talas ilegales, vertidos de escombros o incluso caza furtiva. Esto pone en riesgo la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la región.
Alternativas y posibles soluciones
Ante esta situación, algunos ayuntamientos han solicitado la creación de agrupaciones de Policía Local compartidas entre varios municipios, una medida que permitiría optimizar recursos. Sin embargo, la falta de presupuesto y la burocracia administrativa han frenado la implantación de estas iniciativas.
Otra opción sería aumentar la colaboración con la Guardia Civil, dotándola de más efectivos y recursos para atender las necesidades específicas del entorno rural. Además, el uso de tecnología, como cámaras de vigilancia o drones, podría facilitar la detección de infracciones y mejorar la capacidad sancionadora de los ayuntamientos.
Una situación insostenible
Mientras no se tomen medidas concretas, los ayuntamientos rurales de la montaña leonesa seguirán viéndose incapaces de hacer cumplir la ley, lo que pone en peligro tanto la convivencia como la preservación del patrimonio natural. La administración autonómica y estatal deben actuar con urgencia para dotar de soluciones viables a estos municipios y garantizar que las normativas no queden en letra muerta. Entre tanto, los conductores que atraviesan el territorio se juegan la vida ante la aparición de animales sueltos, sin identificar, ni cumplir ningún tipo de normativa de seguros de responsabilidad civil. La semana pasada, en el término municipal de Boñar, una conductora salvo la vida milagrosamente mientras su vehículo quedaba para el desguace con dos caballos muertos en la colisión y diez grapas en la cabeza de la conductora.
El ministro preside la clausura del DATA fórum Justicia 2025 en la capital leonesa.
A ellas se suman otras 31 para la venta a menores de 36 años en los barrios de El Ejido y La Serna con una inversión de 4,5 millones de euros.
La boñarense y profesora de Historia Contemporánea en la Universidad de León, Ana Cristina Rodríguez Guerra, ha sido seleccionada como finalista del IX Premio de Relato de la Fundación Fomento Hispania. La obra con la que participa, Voces en la caja, fue reconocida por un jurado integrado por destacadas figuras de la literatura española y será protagonista en la ceremonia de entrega que se celebrará el 9 de octubre en la Biblioteca Pública Iván de Vargas, en Madrid.
Estaban distanciadas y escondidas entre la maleza.
Los 17 pueblos del municipio cuentan ya con puntos para acceder a los libros disponibles.
El Ministerio de Transportes ha reconocido oficialmente que no dispone de ningún informe ni expediente relacionado con la reapertura del tramo ferroviario León–Asunción–Matallana, cerrado desde 2011. La confirmación llega tras una resolución del Consejo de Transparencia y afecta a una infraestructura clave en la integración de la línea FEVE en León.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado nula la ordenanza fiscal de recogida y tratamiento de residuos aprobada por el Ayuntamiento de León a finales de 2024. La decisión obliga a la devolución de los recibos ya cobrados en 2025 y compromete la previsión municipal de ingresar más de 11,6 millones de euros este ejercicio.
Carriedo asegura que por “prudencia” no han cerrado el ‘techo de gasto’, pero mantiene el compromiso de enviar las cuentas antes del 15 de octubre.
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Las banderas de Palestina ondean en las calles de Burgos, León, Salamanca o Valladolid en señal de solidaridad.
Ecologistas en Acción de León ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Valladolid contra la Orden de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, publicada en el BOCyL el 6 de agosto, que aprobó el Proyecto Regional que sirve de marco jurídico para la instalación de los macrovertederos industriales en San Justo de la Vega.