La Junta destina 65 millones para mejorar los servicios públicos prestados por todos los municipios y diputaciones de Castilla y León

La Junta destina 65 millones de euros para mejorar los servicios públicos prestados por todos los municipios y diputaciones de Castilla y León: el Fondo de Participación en los Impuestos Propios de la Comunidad de Castilla y León (FIP), que es el derecho de las corporaciones a esta financiación, recogido en el Estatuto de Autonomía, y el de Cooperación Económica Local General (FCELG), de naturaleza “subvencional”. La cifra es casi medio millón de euros más que lo destinado en 2024.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, comunicó al Consejo de Gobierno la cuantía que corresponderá a cada entidad local del FIP y el FCELG en 2025, en el que se garantiza la participación en el reparto de todas y cada una de las entidades locales. Así, la Junta brinda apoyo económico tanto para cubrir sus gastos diarios como para impulsar proyectos de inversión que contribuyan a mejorar la calidad de vida de todos sus vecinos.
El 55 por ciento de estos 64,8 millones de euros (35,7 millones) irá destinado a municipios menores de 20.000 habitantes. Por su parte, los de más de 20.000 habitantes recibirán un 25 por ciento de los fondos (16,1 millones) y las diputaciones recibirán el 20 por ciento restante (12,9 millones). Las cuantías individuales del FIP y el FCELG aparecerán reflejadas en el Boletín de la Comunidad la próxima semana. Dichas cuantías se calculan a través de los siguientes criterios objetivos.
Para municipios con menos de 20.000 habitantes, el reparto se realizará en función de la población de cada uno de los municipios, así como del número y la naturaleza de las competencias que tengan atribuidas, de la población mayor de 65 años, y del número de entidades locales menores del municipio.
En el caso de municipios con más de 20.000 habitantes, se repartirán en función de una cantidad fija y de la población de cada municipio.
Igualmente, en el caso de las diputaciones, para el reparto se tiene en cuenta la población de cada una de las provincias, su número de municipios y pedanías, su superficie y la renta e ingresos per cápita de sus habitantes, de tal forma que las provincias con un menor nivel de renta e ingresos per cápita “recibirán más dinero por habitante que lo que les correspondería si no se aplicase este último criterio, para así seguir avanzando en la cohesión territorial entre las nueve provincias de la Comunidad”, según estableció González Gago.
Las transferencias a aquellas entidades locales que reciban fondos con carácter incondicionado se realizarán de oficio, directamente por la Consejería de la Presidencia, “sin que las entidades locales tengan que hacer ningún trámite para su recepción”.
En el caso de las ayudas para inversiones del FCELG, los municipios de más de 1.000 habitantes, los de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales dispondrán de 15 días hábiles para enviar a la Consejería la comunicación de sus proyectos de inversión y la documentación correspondiente a través de la página web https://servicios.jcyl.es/wcoe/.
En la Orden de resolución, que se publicará en el BOCyL, se explicarán de manera clara los pasos para el proceso de comunicación. Tras la respuesta positiva por parte de la Junta de Castilla y León, las entidades locales beneficiarias de ayudas para proyectos de inversión deberán presentar antes del 17 de octubre un certificado de la secretaría municipal que acredite la contratación o ejecución directa de los proyectos financiados por este fondo, que deberán estar finalizados antes del 31 de diciembre del próximo año, 2026.
Fondo de Participación
El primero de los fondos comunicados hoy en Consejo de Gobierno, el FIP, está dotado con más de 14 millones de euros, que percibirán los 2.248 municipios y las nueve diputaciones provinciales de Castilla y León con carácter incondicionado. Esto significa que las entidades locales podrán destinar libremente las cantidades recibidas para acometer sus gastos. Este fondo está dotado gracias a la recaudación del único impuesto propio que tiene Castilla y León en la actualidad: el referido a la afección medioambiental por producción de energía, que revierte, de esta manera, en la mejora de los servicios públicos que prestan los municipios y las provincias.
Hasta el año pasado, el FIP también se nutría de los fondos recaudados a través del impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos, un impuesto que ha sido eliminado debido a la creación de un nuevo impuesto estatal que recae sobre el mismo hecho imponible: el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. Este nuevo tributo, regulado a través de una Ley Estatal de 2022, “hace incompatible el impuesto autonómico”, y por tanto provocaría que las entidades locales dejasen de percibir una parte importante de la cantidad en concepto de ingresos por los impuestos propios de la Comunidad, dado que la cantidad recaudada ahora es menor. Gago recordó que, con este de afección medioambiental, Castilla y León es “una de las comunidades con menores impuestos propios”.
Para solventar esta pérdida de ingresos, el otro fondo acordado hoy por la Junta de Castilla y León, el FCELG, recoge una cuantía adicional de 983.000 euros. Esta nueva cuantía responde al compromiso formulado por la Consejería de la Presidencia en 2024 para que, pese a esta pérdida de recursos públicos autonómicos, las entidades locales puedan percibir, al menos, la misma cuantía que la recibida en 2024 a través del FIP, incrementada además en un tres por ciento, es decir, más de 15 millones de euros. Con estos 983.000 euros, sumados a la cuantía del FIP, de más de 14 millones, “este compromiso se da por cumplido”.
Dentro del FIP, los municipios con menos de 20.000 habitantes recibirán más de 7,7 millones de euros. Por su parte, los de más de 20.000 habitantes obtendrán más de 3,5 millones. Por último, las diputaciones provinciales recibirán más de 2,8 millones.
Fondos locales
González Gago explicó que el FCELG permite a las entidades locales afrontar inversiones para modernizar sus infraestructuras y los servicios básicos que prestan a sus vecinos. La dotación final de este fondo es de casi 50,7 millones de euros, incluidos los 983.000 euros para compensar la pérdida de fondos en el FIP. El FCELG está repartido en cuatro segmentos.
En primer lugar, se fija en casi 13,2 millones de euros la cuantía del FCELG destinada a todos los municipios con población inferior o igual a 1.000 habitantes. Esta línea tiene carácter incondicionado, lo que significa que estos municipios podrán destinar libremente los fondos recibidos para acometer inversiones, cubrir gastos corrientes, o realizar operaciones de capital o financieras.
Por otro lado, el FCELG destinado a municipios de entre 1.000 y 20.000 habitantes está dotado con más de 14,6 millones de euros. Este dinero tendrá que ir destinado a inversiones sostenibles, es decir, a infraestructuras y equipamientos municipales mínimos y obligatorios que cumplan con la protección del medio ambiente, la mejora social y la sostenibilidad.
Además, se asignan más de 12,6 millones de euros al FCELG destinado a municipios de más de 20.000 habitantes. La mitad de la ayuda asignada a cada municipio se destinará a inversiones sostenibles. La otra mitad se destinará a inversiones para desafíos demográficos, es decir, que sean relevantes para avanzar en la creación de empleo y en la fijación de población a lo largo de todo el territorio de Castilla y León.
Por último, se destinan más de 10,1 millones de euros del FCELG a las diputaciones provinciales. Como en el caso de los municipios con más de 20.000 habitantes, la mitad de esta cuantía irá destinada a inversiones sostenibles, y la otra mitad, a inversiones para desafíos demográficos.
El consejero significó algunos ejemplos de las inversiones realizadas por los municipios y las diputaciones en el año 2024 gracias a los fondos no incondicionados del FCELG: el 22 por ciento de estas intervenciones tuvo relación con la pavimentación de vías públicas, mientras que el 12 por ciento se destinó a parques y jardines y el 16 por ciento, a otras infraestructuras y edificios multiusos.
También es relevante la inversión en carreteras provinciales por parte de las diputaciones (un ocho por ciento de las intervenciones), las obras relacionadas con el alumbrado público (seis por ciento) o con el abastecimiento de agua (cinco por ciento). Las inversiones en centros multiusos o en alcantarillado son algunos otros de los destinos de los fondos del año pasado, pensados para reforzar los servicios públicos en beneficio de los vecinos de todos los municipios de Castilla y León.