La acusada también se enfrenta a una multa de 15 meses y a dos años de prisión condicionada gracias al acuerdo entre la defensa con la acusación particular y la Fiscalía.
CyL29 de enero de 2025
RML
Una médica de Sacyl, con iniciales A.R.R., deberá cumplir una pena de seis años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión, además de una multa de 15 meses con una cuota diaria de cuatro euros y dos años de prisión, condicionada a no delinquir durante ese periodo, tal y como señala el acuerdo previo la que llegaron la defensa, la acusación particular y la Fiscalía, con anterioridad a la celebración del juicio, previsto para hoy en la Audiencia Provincial de Ávila, donde iba a ser juzgada por un delito de descubrimiento de secretos por funcionario público. La sentencia es firme.
Asimismo, la acusada también deberá satisfacer a la víctima la cantidad de 50.000 euros de indemnización en concepto de responsabilidad civil (se incluyen las costas de la acusación particular y los intereses), según publica Diario de Ávila.
Los hechos que se investigan se remontan al año 2020 cuando la acusada, valiéndose de su condición de médica, accedió en tres ocasiones, a través del sistema telemático Medora, al historial clínico de una compañera que se encontraba en aquel momento en una situación de incapacidad laboral temporal. Estos accesos, de los que la víctima no tuvo conocimiento hasta agosto de 2022, se realizaron sin ninguna causa justificativa y sin el consentimiento de su compañera. Al parecer, ambas médicas habrían tenido discrepancias por la situación de incapacidad laboral temporal de la víctima. Tanto es así que la imputada, presuntamente, habría acosado mediante llamadas y mensajes a su compañera para que se reincorporase al trabajo durante el periodo que estuvo de baja, por lo que la perjudicada se vio obligada a bloquear su contacto.
Estos hechos son constitutivos de un delito de descubrimiento de secretos de carácter personal de especial trascendencia (salud) por funcionario público, según recogen los artículos 197.2 y 5 y el 198 del Código Penal. El Ministerio Fiscal solicitaba para la acusada dos años y siete meses de prisión, 19 meses de multa con una cuota diaria de seis euros y nueve años de inhabilitación para ejercer su profesión. La acusación particular, por su parte, pedía cuatro años de cárcel, una multa de 24 meses con una cuota diaria de 10 euros y 12 años de inhabilitación, además de una orden de alejamiento de 500 metros con respecto al domicilio de la víctima.
Sin embargo, el acuerdo entre las partes redujo considerablemente la condena (se suprimió la orden de alejamiento), debido a la atenuante muy cualificada de reparación del daño, "una circunstancia que recoge el Código Penal para aquellos casos en que el autor procede a pagar la responsabilidad civil antes de que se haya dictado sentencia", explicó el fiscal jefe de Ávila. En este caso, la imputada, antes de la celebración de la vista oral, procedió al ingreso de 5.620 euros en la cuenta de consignaciones de la Audiencia Provincial como parte del pago de la indemnización. La médica se comprometió, de acuerdo con el pacto, a realizar el resto de la retribución (unos 44.000 euros) en el plazo de diez días hábiles.
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