Las opas prometen movilizaciones ante la “incertidumbre” por unos precios a la baja y el acuerdo de la UE con Mercosur

Las organizaciones profesionales agrarias prometen continuar con las movilizaciones durante los primeros meses de 2025 para dar seguimiento al descontento que perdura en el campo, tras un reivindicativo 2024, por la “incertidumbre” que se mantiene ante el nuevo año debido a unos precios del cereal que continúan a la baja y al nuevo acuerdo que la Comisión Europea ha firmado con Mercosur y que, a falta de ratificación del Parlamento y el Consejo de la UE, amenaza con “ahogar aún más” al sector primario de Castilla y León.
En declaraciones, el presidente autonómico de Asaja, Donaciano Dujo, señala que las movilizaciones seguirán durante, al menos, los tres primeros meses del año para ejercer “presión” a nivel provincial, regional, nacional y europeo y evitar así, por un lado, un acuerdo con Mercosur que “agrava la incertidumbre” generada por los bajos precios y los altísimos costes de producción en el cereal “pese a un buen año” de cosecha, ya que la rentabilidad “está muy baja”.
“Y si éramos pocos, parió la UE”, aseveró el máximo responsable de Asaja en Castilla y León, puesto que el acuerdo sellado a finales de 2024 por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, “afecta muy negativamente” a la Comunidad por incidir especialmente en la competencia de la carne, el azúcar y los cereales.
No obstante, Dujo quiso mostrar algo de “optimismo” al señalar su deseo de que el acuerdo no se ratifique por el Europarlamento y el Consejo de la UE, para no ahondar así en el “desánimo” de los agricultores que, augura, este invierno “tratarán de ahorrar los máximos costes posibles” con una fertilización que seguirá el camino de la sementera del otoño, en la que “se ha abonado poco y se han realizado las labores indispensables”, a la espera de la climatología que traiga los primeros meses de 2025 y que, en todo caso, reducirá la superficie sembrada “incluso por debajo de los 1,5 millones de hectáreas”.
Desde COAG, Lorenzo Rivera coincide con Dujo en señalar las “pocas ganas e ilusión” mostradas en la sementera y que llevarán, en la previsión de su organización, a “poca fertilización” durante el invierno debido a una “incertidumbre” en la que “los acuerdos comerciales con Ucrania y Mercosur son una gota más que colma el vaso y se va a llevar la soberanía alimentaria de Europa por delante”.
Por ello, el coordinador de COAG en Castilla y León afirma que las movilizaciones se van a mantener “todo el invierno” salvo que se produzca una subida en los precios de los cereales y el maíz y un “bloqueo” desde el Consejo de la UE al acuerdo con Mercosur, en el que reclama al Gobierno de España que siga los pasos de Francia para conseguir que cuatro de los principales países de la Unión logren esa “minoría de bloqueo” que sume al 35 por ciento de la población de la UE para evitar, o al menos modificar con “cláusulas espejo”, el pacto con Mercosur.
También pide Aurelio González, como secretario general de UPA en Castilla y León, que el ministro de Agricultura, Luis Planas, dé “la batalla” con sus homólogos en la UE para, al menos, “exigir que esos productos que vengan de fuera pasen los mismos controles” sanitarios y medioambientales a los que se someten a las producciones agrícolas europeas, porque “sino, será una competencia desleal” que permitirá que “el modelo de competencia feroz de las grandes multinacionales americanas acabe con el de explotaciones familiares de Europa”.
Desde UCCL, su coordinador autonómico, Jesús Manuel González Palacín, reconoció que el acuerdo “no gusta un pelo” a los agricultores porque abre el mercado a “grandes productores de alimentos muy sensibles para Castilla y León” como la carne, el azúcar y los cereales. “No nos negamos a competir con otros países, pero no en condiciones desiguales”, planteó, para exigir “inspecciones en origen y destino” con las que certificar que los productos de esos países “cumplan la normativa”.
Negociar la nueva PAC
Otro de los retos que Aurelio González, en declaraciones, considera prioritarios para el nuevo año es que el Ministerio desarrolle la mesa de negociación pactada con su organización y con UCCL en abril del pasado año para “garantizar la flexibilidad de la PAC”. Una opinión en la que coincide su compañero en la Alianza, Lorenzo Rivera, bajo el prisma de que la actual Política Agraria Común “no tiene ni pies ni cabeza” y “nacía muerta”, por lo que espera que en 2025 se empiece a negociar ya la nueva PAC.
“Queremos vivir de nuestras producciones”, reclama el responsable de COAG en Castilla y León, para lo que espera que el nuevo acuerdo dé como resultado “menos burocracia”, una reducción de la condicionalidad reforzada y los ecorregímenes y “una PAC diferente para cada país”, porque ni la productividad ni los costes son iguales entre los diferentes territorios de la UE.
En la misma línea, el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, pidió al nuevo comisario europeo de Agricultura “una PAC mucho más sencilla” con menos burocracia, “requisitos medioambientales realistas y objetivos” y un presupuesto “suficiente” para que Europa “tenga potencia agroalimentaria y relevo generacional”.
También espera Donaciano Dujo, como presidente de Asaja en Castilla y León, que el nuevo año traiga las primeras conversaciones de la PAC 2028-2035, que necesita “cambiar la filosofía” de una Política Agraria Común que, hoy en día, “no nos ayuda en nada” y que debe virar hacia “un mayor presupuesto, libertad en las tareas agrícolas, poner las cláusulas espejo siempre por delante a la entrada de productos de terceros países y la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria”.
Este último punto también fue uno de los retos principales que para UPA trae el nuevo año, en el que exigirán a la Junta que “ponga en marcha el Observatorio de Precios para que dé costes que sirvan de referencia” y permita a los agricultores y ganaderos “al menos, no perder” porque, actualmente, “los costes nos están matando”, según reveló Aurelio González.
Esta petición está asimismo en el conjunto de retos para 2025 que plantea UCCL, desde donde su responsable autonómico, Jesús Manuel González Palacín, reconoce que la Ley de la Cadena Alimentaria es “una buena norma” pero que necesita “costes de producción oficiales” y permitir las denuncias anónimas y de las opas para que sea “efectiva”.
Por último, el responsable de UPA en la Comunidad apunta como imprescindible controlar la fauna salvaje. Una labor que encomienda a la Consejería de Medio Ambiente ante las poblaciones de jabalíes, corzos o buitres, “que atacan a corderos recién nacidos”, y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a cuya nueva responsable, Sara Aagesen, reclama que “adopte las medidas europeas y se pueda hacer un control poblacional del lobo al norte del río Duero”.
Una exigencia que plantea igualmente UCCL porque “si nos descuidamos, tendremos lobo pero no ganadería”, a la vez que se suman a la petición de un control efectivo de la fauna salvaje, cuya proliferación “se puede ver con datos”, y reclaman a la nueva consejera de Agricultura, María González Corral, un nuevo plan de erradicación de la tuberculosis tras “40 años haciendo lo mismo” a través de un protocolo que, “dada la prevalencia, no está dando resultados”.