El PSOE exige a la Junta que el leonés se oferte en los colegios públicos y que desarrolle un plan de acción cultural para promocionarlo

El Partido Socialista exigió hoy a la Junta de Castilla y León que lleve a cabo las gestiones necesarias para que en el próximo curso escolar se oferte la asignatura del leonés en los colegios públicos de las zonas en las que se hable, así como que desarrolle un plan de acción cultural dedicado a su promoción en la literatura, la música, la edición y los medios de comunicación y que firme convenios con las diputaciones provincial para apoyar y financiar políticas de protección y promoción. En caso de que
Así lo trasladó hoy el procurador del Partido Socialista por León en las Cortes de Castilla y León, Diego Moreno, durante la presentación de la iniciativa sobre el leonés que se debatirá mañana en el pleno de las Cortes y que parte de una interpelación de un debate con el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, al que se le planteó que “cumpliera la ley de una vez por todas” y “regulara regulara protección, uso y promoción del leonés”. Asimismo, avanzó que, en el caso de que mañana el Partido Popular vote en contra, se presentará una Proposición No de Ley para que las Cortes “tomen posición y aprueben una ley”.
En este sentido, Moreno dejó claro que el leonés, está reflejado en el Estatuto de Autonomía, donde se dice que “será objeto de protección por parte de las instituciones y que la Junta es quien tiene que desarrollar normativamente su uso para que sea protegido y promovido al menos en los lugares donde se habla”. Además, su protección forma parte de las recomendaciones del Consejo de Europa a través de la Carta de las Lenguas Regionales, de la que España es signataria, por lo que “es de obligado cumplimiento”.
El procurador socialista lamentó la situación “prácticamente al borde del abismo” que sufre en leonés, ya que en la Región Leonesa “tan solo quedan 25.000 hablantes”, a pesar de que “forma parte de un conjunto de hablas englobadas en el asturleonés” con “muchas variedades dispersas a lo largo del territorio”, como es el caso de la zona alta de Sanabria, la zona de El Rebollar en Salamanca, las zonas de Alto Sil y Cabrera en León e incluso otras fuera los límites de la Comunidad, como es el caso de Miranda de Duero, donde el mirandés, “que es una vertiente del leonés”, es lengua cooficial.
“Con el leonés se da la misma situación que en todo el mapa español con cualquier tipo de lengua minoritaria o regional donde ca sí han regulado uso de sus lenguas propias, pero el único lugar donde no se ha hecho es en Castilla y León”, denunció Diego Moreno, para quien es “evidente” que al Partido Popular “no le interesa”, ya que “solo le interesa promover la cultura leonesa” y que “todo lo que tiene que ver con la identidad leonesa no aparezca en ningún sitio para imponer el modelo cultural de Castilla”.
Frente ello, exigió “que se cumpla la normativa” y que la Junta “proteja el leonés” mediante “una nueva regulación”. Para ello, pidió que, en el ámbito de la educación, “den la oportunidad de que haya leonés en las aulas el próximo curso al menos en los lugares donde se habla habitualmente”, pero también en “aquellos lugares donde la dirección de los colegios considere que puede ser interesante”.
También solicitó la promoción del leonés en el ámbito de la cultura “mediante un plan de acción cultural” y premios literarios “para que la gente sienta el impulso de escribir en esta lengua”, así como que firme un convenio con las diputaciones provinciales, porque “la Junta es quien tiene que velar y cumplir la pluralidad lingüística”, mientras que “son las diputaciones quienes tienen que tener la encomienda para desarrollar políticas, al ser quienes conocen la realidad de la lengua y la cultura en la Región Leonesa”.
“El leonés se ha conservado y mantenido y se tiene que permitir su uso al menos en la Región Leonesa y Junta de Castilla y León tiene las atribuciones y la obligación legal de llevarlo a cabo”, concluyó Diego Moreno, para quien “todas las personas que hablan leonés tienen derecho a seguir utilizándolo y transmitiéndolo a las generaciones posteriores”, lo que “se debe hacer a través de una normativa, ya sea una ley o un reglamento”.