El sindicato advierte que mientras en los últimos diez años los salarios aumentaron de media en la Comunidad un 20%, la vivienda lo hizo un 37%.
CyL07 de noviembre de 2024
RML
El secretario general de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés, reclamó hoy a las administraciones la puesta en marcha de medidas eficaces que limiten el precio de los alquileres, a la vez que planteó la necesidad de multiplicar por cinco el parque público de viviendas de la Comunidad e “hincar el diente” a las 350.000 viviendas vacías que existen en Castilla y León.
Andrés, en la apertura de unas jornadas organizadas por el sindicato en la sede del Consejo Económico y Social (CES) para analizar este problema, también aseguró que las administraciones públicas deben incrementar la construcción y la rehabilitación. “Con la intervención pública este problema se puede resolver. Dejándolo al libre mercado, seguro que no”, aseveró.
El secretario general de CCOO recalcó que en Castilla y León no hay vivienda suficiente en el mercado, mientras el alquiler está por las nubes. En este sentido, indicó que el 58 por ciento del salario de los jóvenes de Castilla y León lo destinan al pago de la vivienda, “por lo que los márgenes para la supervivencia, teniendo en cuenta el salario medio en la Comunidad, se sitúan en el umbral de la pobreza, al rondar entre los 500 y los 600 euros”, explicó.
Andrés también argumentó que ni los acuerdos alcanzados en el marco del Diálogo Social -ayudas de alquiler para 20.000 familias, el incremento del parque público hasta las 4.500 viviendas y subvenciones para la adquisición de vivienda en el medio rural por parte de los jóvenes- ni la Ley de Vivienda de 2023 están acabando con el problema, “ya que no garantizan el cumplimiento del artículo de la Constitución que garantiza el acceso a una vivienda digna”.
Por su parte, el secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, también denunció que este derecho constitucional está muy lejos de ser garantizado en España y recalcó que mientras en los últimos diez años los sueldos en Castilla y León han subido una media del 20 por ciento, el precio de la vivienda se ha incrementado un 37 por ciento. Una subida que en comunidades como Baleares ha alcanzado el 72 por ciento.
Protección oficial
Además, Bravo advirtió que aunque más del 30 por ciento de los 20 millones de viviendas que se ha construido en España lo hicieron con apoyo y financiación pública, en la actualidad el porcentaje de las que se mantienen en un marco de protección oficial no alcanza el 2,5 por ciento, cuando en la Unión Europea se sitúa en el 9 por ciento. En este sentido, indicó que España necesita construir viviendas de protección oficial y calificarlas de forma permanente para que “cumplan una función social”.
A su vez, insistió en que es necesario un cambio de modelo para que la vivienda pública no acabe en el mercado privado, ya que junto con otros fenómenos, como el auge de las viviendas turísticas o el alquiler habitacional, han convertido a la vivienda en un bien que “no es asequible para una gran parte de la población”.
A su vez, reclamó que todas la comunidades autónomas apliquen la Ley de Vivienda Estatal, ya que la mayoría no están declarado zonas tensionadas y, por tanto, no están limitando la subida de los alquileres cuando estos superan el 30 por ciento de las renta disponible.
Por su parte, el presidente del CES, Enrique Cabero, también planteó la necesidad de tomar medidas para atajar un problema esencial y poder garantizar un derecho básico de la sociedad y recordó que desde el CES se viene recomendando la iniciativa pública y la ordenación del mercado para garantizar el cumplimiento de este mandato constitucional.
Un camión sufrió una salida de vía a las 05:20 horas en la A-6, a la altura del kilómetro 370, en sentido A Coruña, dentro del término municipal de Bembibre. El vehículo cayó por un talud de unos cinco metros y su conductor, un hombre de 59 años, resultó ileso.
La Unión del Pueblo Leonés (UPL) reclama que Adif acometa en 2026 una adecuación integral de la estación de León para corregir deficiencias que afectan a la accesibilidad y a la seguridad de los viajeros. El grupo municipal sostiene que el edificio, concebido como provisional, se ha consolidado como definitivo y no responde al volumen real de tráfico que soporta.
La Guardia Civil investiga a un hombre en una localidad de la comarca zamorana de Tierra del Vino por presunto maltrato animal tras detectar falta de cuidados en un núcleo zoológico con 19 perros. La actuación se centra en posibles incumplimientos sanitarios y administrativos que afectaban a varios animales.
Agricultores se movilizaron con sus tractores en distintos puntos de Burgos, León, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora para rechazar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. La protesta se desarrolló en enclaves como la zona de Aranda de Duero, Matallana de Valmadrigal, San Esteban de Gormaz, Becilla de Valderaduey, Traspinedo y Castrogonzalo, entre otros.
La pensión media en Castilla y León alcanzó a 1 de diciembre los 1.318,94 euros tras crecer un 4,5% interanual, en una cuantía muy próxima a la media nacional. En la Comunidad se contabilizaron 636.313 pensiones contributivas, un 1% más que hace un año.
Castilla y León se incorporará en el primer semestre de 2026 a la receta electrónica concertada de Muface, junto a Andalucía y la Comunidad Valenciana. La medida permitirá completar el despliegue del Sistema Integrado de Receta Electrónica de Muface (Sirem) y extenderlo a todos los mutualistas residentes en España.
El Pleno de Boñar aprobó levantar reparos en la sesión extraordinaria urgente del 9 de diciembre con seis votos a favor y tres ausencias. La medida permite ordenar pagos pese a la advertencia técnica y sitúa el centro de gravedad en la esfera política, mientras el PP intenta fijar un relato de "desconocimiento" que vuelve a abrir una pregunta incómoda: qué control ejerció la oposición cuando tocaba.
La reunión convocada este viernes en Villamanín (León) para aclarar qué ocurrió con diez décimos del Gordo no consignados ha arrancado con unas 300 personas en el Hogar del Pensionista y con posturas enfrentadas. La Comisión de Fiestas plantea que cada papeleta premiada asuma un recorte del 6% para cubrir un agujero de cuatro millones de euros.
Villamanín afronta una crisis interna tras detectarse un desfase en la venta de participaciones del Gordo de Navidad: un bloque de papeletas premiadas no tendría décimos asociados. La incidencia afecta a 50 papeletas del número agraciado y ha dividido a los compradores entre quienes buscan una solución pactada y quienes exigen responsabilidades por una gestión que pudo ser irregular.
La comisión de fiestas de Villamanín ha comunicado a los agraciados su disposición a ceder íntegramente el premio que le corresponde del Gordo de Navidad para ayudar a cubrir el desfase generado por diez décimos no consignados. Tras una reunión de más de tres horas, se perfila un principio de acuerdo que incluye una retención del 10% por papeleta y el depósito de las cantidades en el juzgado, con un reparto posterior si no hay reclamaciones.
Cuando una persona u organización vende papeletas o participaciones de lotería sin haber adquirido los décimos que dice representar y el número resulta premiado con el máximo premio, el conflicto no queda entre el que lo vendió y el que compró. Se convierte en un asunto penal y civil que suele acabar en juzgado, con riesgo real de embargo y responsabilidad patrimonial para quienes intervinieron en la venta.