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La Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León se dota de una plantilla de seis personas

Está adscrita al Consejo de Cuenta y se define como un canal  externo de información conforme a la normativa europea y estatal de garantizar la protección del informante.
Toma de posesión de Luis Francisco Gracia Romero
Toma de posesión de Luis Francisco Gracia Romero

La Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León, nuevo órgano adscrito al Consejo de Cuentas, se dota de una plantilla de seis personas después de que el pasado mes de junio se nombrará al titular de la misma, cargo con rango de director general que recayó en el letrado Luis Francisco Gracia Romero.
En su reunión del pasado 24 de octubre, la Mesa de las Cortes, a propuesta del Consejo de Cuentas, aprobó la creación de la plantilla de personal de la Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León.
En concreto, como publica hoy el Boletín Oficial de las Cortes, la plantilla está formada por un letrado (nivel 29), dos técnicos superiores (nivel 29), un técnico (nivel 26) y un gestor administrativo (nivel 22), todos ellos funcionarios, más un asesor como personal eventual. Entre los requisitos, figura una experiencia de diez años en el caso del letrado y entre cuatro y cinco en el resto de técnicos.
Según informaron fuentes del Consejo de Cuentas, el letrado tiene entre sus funciones la protección del informante ante posibles represalias y los tres técnicos serán los encargados de la instrucción e investigación de las denuncias que reciba la Autoridad.
El proyecto de ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que acompañó a los Presupuestos de 2024 recogió como novedad la creación de la Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León, como un canal externo de información conforme a la normativa europea y estatal de garantizar la protección del informante.
El pasado 20 de junio, el letrado Luis Francisco Gracia Romero tomó posesión como titular de la Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León tras su nombramiento por parte de la Mesa de las Cortes.

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