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CCOO plantea que existen vías legales y financieras para acabar con el cobro: absorción directa por parte del Estado, renegociación de la concesión, rescisión por interés público o bonificación inmediata del 100 % mientras se completa el proceso. El sindicato recuerda que en otros corredores se han adoptado fórmulas de liberación del pago y sostiene que el peaje penaliza la competitividad y el derecho a la movilidad entre Asturias y León.
El sindicato enmarca su posición en el contexto europeo. Un dictamen de la Comisión Europea de 2025 considera contraria a derecho la prórroga acordada en el año 2000 al adjudicarla a Aucalsa, y está pendiente una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. CCOO afirma que el Gobierno central puede actuar con antelación y que la decisión no debe posponerse a la resolución judicial, para evitar un “agravio” respecto a otras comunidades autónomas.
La organización sindical apela a la unidad social y recuerda la manifestación del 17 de octubre, que situó el fin del peaje como prioridad compartida en ambos territorios. En su llamamiento, añade que cualquier transición debe respetar los derechos de la plantilla de la empresa matriz, con garantías laborales y de servicio.
CCOO critica que Aucalsa mantuviera el cobro durante episodios de afección al tráfico, como el argayo de hace un año y las obras actuales en túneles. Como referencia, cita la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a la concesionaria de la AP-9 a devolver peajes durante las obras de ampliación del puente de Rande (2015-2018), al reconocer el derecho del usuario a una rebaja del precio ante un “cumplimiento defectuoso del empresario”. La Unión de Consumidores prepara acciones para que se aplique esa doctrina en la AP-66.
El sindicato subraya que el peaje del Huerna actúa como barrera física y simbólica entre dos regiones vecinas, con impactos económicos y sociales. Reitera que hay “meses por delante” para demostrar voluntad política y cerrar una salida que libere el corredor, mientras se garantiza la continuidad del servicio y se protege el empleo. Todavía no ha trascendido un calendario de actuaciones por parte del Gobierno central.
