El caos por los recibos de la basura alcanza también al ayuntamiento de León

La ordenanza de 2025 fue aprobada definitivamente el 27 de diciembre de 2024 con entrada en vigor el 1 de enero. El 18 de septiembre de 2025, el TSJCyL dictó sentencia anulándola, lo que deja subsistente la norma del ejercicio 2024. 

 En este contexto, UPL denuncia que el Ayuntamiento ha remitido recibos correspondientes a 2024 y 2025 a numerosos domicilios, generando incertidumbre entre los contribuyentes sobre qué conceptos están vigentes y cuáles quedan sin efecto. 

El grupo critica, además, el cambio en el modelo de cobro: la tasa se está girando vivienda a vivienda cuando anteriormente se facturaba a las comunidades de propietarios, un sistema que, a su juicio, agilizaba la recaudación y facilitaba el cumplimiento. 

 La situación actual habría derivado en la presentación de recursos y en la necesidad de tramitar devoluciones a quienes abonaron ya la tasa correspondiente a 2025. 

UPL exige que el Gobierno municipal detalle de forma pública y comprensible tres cuestiones: qué tasa corresponde pagar en 2024 y 2025, por qué conceptos y con qué calendario; qué recibos serán anulados o reintegrados; y cuál será el procedimiento de facturación en los próximos ejercicios. “Tan importante como recaudar una tasa obligatoria es mantener informados a los leoneses de lo que tienen que pagar, por qué, cuándo, qué y cómo”, resume el portavoz del grupo, Eduardo López Sendino. 

La anulación judicial de la ordenanza de 2025 impacta en la seguridad jurídica de los cobros efectuados durante el ejercicio y obliga a encajar la recaudación en la ordenanza aún vigente. Falta por concretar si el Ayuntamiento adoptará una instrucción específica de revisión de oficio de los recibos erróneos, el volumen total de devoluciones y el calendario de regularización. Todavía no ha trascendido si se retomará la facturación a comunidades o se mantendrá el envío individual a viviendas para 2026.

UPL enmarca su petición en la necesidad de evitar nuevas incidencias tributarias y de asegurar que la ciudadanía conozca con antelación suficiente las obligaciones que derivan del servicio de recogida y tratamiento de residuos. A la espera de una aclaración oficial, el grupo insiste en que el consistorio debe informar con detalle y transparencia de los pasos a seguir por los contribuyentes afectados.