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El endurecimiento de penas no disminuye los delitos, según se puso de manifiesto durante el IX Congreso Nacional Penitenciario Legionense, que hoy cerró su puertas. El acto de clausura contó con la participación del subdelegado del Gobierno en León, Héctor Aláiz, y la presidenta de la Audiencia Provincial de León, Ana del Ser.
El congreso acogió a un centenar de expertos en derecho penal y penitenciarias quienes consideran que las más de 50 reformas hechas desde 1995 en el Código Penal solo han servido para empeorarlo. “La reforma por la reforma, la dureza por la dureza no es el camino para prevenir el delito. El papel lo aguanta todo, pero la realidad es bien distinta”, señaló Miguel Díaz y García Conlledo, organizador del Congreso. Además insistió en la necesidad de que haya más medios para impulsar mejores políticas sociales como el camino “clave” para la prevención del delito.
Por otro lado, y coincidiendo con el 25 aniversario de la prisión de Villahierro en Mansilla de las Mulas, se repasó el estado de las cárceles españolas, muchas de ellas referentes a nivel internacional. Aún así los expertos reclaman más medios, una mejor atención a la salud mental de los internos y más medidas de seguridad ante el incremento de agresiones a los funcionarios “que deben ser considerados agentes de la autoridad”.
Uno de los grandes retos a los que se enfrentan hoy las prisiones españolas es el incremento de internos pertenecientes a bandas latinas. “Es un buen reto porque estamos viendo que el perfil del preso en España está cambiando y debemos seguir estudiando, pensando nuevas soluciones y dotar de más medios a nuestras prisiones”, señaló Díaz y García Conlledo.
Los sindicatos también trasladaron la necesidad de que las prisiones dependan del Ministerio de Justicia, y no del de Interior, además de que exista una mayor implicación de las Comunidades Autónomas.
A la vez de este Congreso también se celebró la primera edición de la Pasantía Internacional de Ciberdelincuencia y Crimen Organizado, en la que se puso de relevancia que el derecho siempre va por detrás de la ciberdelincuencia. Los participantes creen que es necesario establecer un Estado de Derecho en el ciberespacio.
En este marco se realizó un estudio sobre la evolución y los cambios de la delincuencia organizada, los retos del cibercrimen y la importancia delas educación, especialmente para reducir los delitos que afectan a los más jóvenes, como el cibersexting.
