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Sen cifró en 271 millones de euros anuales el incremento de recursos para Castilla y León, lo que equivaldría a 1.355 millones acumulados entre 2027 y 2031. A su juicio, la comparación con otras comunidades debe hacerse "ajustando por necesidades de gasto" y no únicamente por población, y señaló que Castilla y León se sitúa "por encima de la media por habitante ajustado" cuando se aplica esa metodología.
El delegado reclamó que el debate se aborde con datos y criterios técnicos, y no con mensajes orientados a la confrontación política. También defendió que una reforma de estas características debe discutirse y cerrarse en los cauces institucionales y parlamentarios establecidos, sin dar por definitivo un escenario antes de que se complete la negociación.
En ese contexto, evitó pronunciarse sobre si considera justo que Castilla y León concentre el 1,3% del incremento global previsto, frente a porcentajes superiores de otras autonomías. Insistió en que el foco debe ponerse en el resultado para los servicios públicos de la Comunidad, y recalcó que los 271 millones adicionales al año tendrían impacto directo en su financiación ordinaria.
Sen apeló a la participación activa de Castilla y León en el Consejo de Política Fiscal y Financiera como foro de negociación. Planteó que la Comunidad debe acudir con propuestas concretas, basadas en argumentos como el coste asociado a garantizar la igualdad real en territorios extensos y con dispersión poblacional. En esa línea, consideró difícil sostener una posición que reclame más fondos y, al mismo tiempo, rechace los espacios donde se negocian los criterios de reparto.
El delegado sostuvo que, si el resultado final no protegiera la igualdad de Castilla y León, el Gobierno sería el primero en advertirlo, pero pidió no descartar la propuesta antes de tiempo. Por el momento, todavía no ha trascendido qué modificaciones concretas podrían incorporarse durante la tramitación ni el calendario detallado para su eventual aprobación.
