RMLDicho esto, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha aclarado que en Castilla y León nunca se ha cazado el lobo "si no estaba en estado de conservación favorable" y ha hecho especial hincapié en que nunca se cazará. "Nunca se ha cazado el lobo en Castilla y León en lugares o en un territorio en Castilla y León en estado de conservación desfavorable, siempre en estado de conservación favorable", ha reiterado el consejero en declaraciones.
"Es algo que, no sólo acatamos, si no que compartimos plenamente", ha aseverado el consejero tras conocer la sentencia europea respecto al lobo que dictamina que el lobo no puede ser objeto de caza cuando esté en un estado de conservación desfavorable.
"Lo compartimos porque en Castilla y León nunca se ha cazado el lobo cuando se podía cazar si no estaba en estado de conservación favorable", ha insistido Suárez-Quiñones que ha explicado que hasta el año 2021 todos los cupos comarcales de lobo en los que se determinaba cuántos ejemplares podían ser objeto de caza se hacían sobre informes técnicos que partían del supuesto de que estuviera en un estado de conservación favorable.
A esto ha añadido que el Gobierno de España incluyó el lobo en el LESPRE como especie protegida de protección especial, lo que hace que la sentencia del TJUE no tenga aplicación alguna en estos momentos, y ha recordado que la Comisión Europea y la propia Junta "luchan" para que Castilla y León recupere nuevamente la capacidad de gestión del lobo, "no solo en el norte, también en el sur del Duero.
El consejero castellano y leonés ha cargado contra el Gobierno de la nación tras remitir a la Comisión Europea un informe sexenal 2012-2018 en el que aseguró que el lobo en España estaba en retroceso, "un informe totalmente erróneo" que, según ha criticado una vez más, no se ajustaba a la verdad y provocó la contrariedad de todas las comunidades autónomas que tienen lobo.
"Demostramos con datos que eso no era cierto", ha rememorado Suárez-Quiñones que ha apelado al siguiente informe que está elaborando el Gobierno sobre el periodo 2019-2024 en el "esta vez sí ha pedido los datos a las comunidades autónomas", como ha hecho ya Castilla y León.
