UGT apremia la Consejería de Sanidad a definir cuántas plazas de difícil cobertura hay en la Comunidad, ya que, a su juicio, sin dar ese paso "ninguna iniciativa dará resultado", algo que debían haber hecho "en 2019" con un decreto que abordaba esta problemática pero que acabó "en cortina de humo".
CyL12 de junio de 2024
RML
Así lo han señalado los responsables del sindicato Tomás Pérez, Rosa López y Marta Vian que han presentado propuestas para hacer "más atractivas" estos puestos a través de incentivos que confían en que se debatan en una Mesa Sectorial "que llevan meses" esperando a que se convoque.
Una iniciativa que llega después de que varios grupos políticos hayan presentado sus propuestas ante "la arrolladora" realidad que presenta Castilla y León para cubrir determinados puestos. Un problema que, para la adjunta a la secretaria de Sanidad de UGT, Marta Vian, viene de lejos y ya se abordó con medidas que dieron pie a un decreto en 2019 pero que nunca se llegó a "aplicar". "No se llegaron a catalogar esas plazas, aunque hubo un intento en el que se llegó a hablar de un déficit de 600 profesionales sanitarios, la mitad de ellos médicos", ha recordado.
En este punto, además, ha hecho referencia a un informe publicado en 2022 por la OCDE que refleja que España es el cuarto país de Europa con un mayor número de médicos por habitante, lo que, a su juicio, refleja una "malísima gestión de los recursos" que hace la Consejería.
En cuanto a las propuestas que UGT ha presentado a la Junta "hace una semana", la secretaria de Sanidad, Rosa López, ha considerado "imprescindible" la "descripción, cuantificación y características" que implican que una plaza sea considerada de difícil cobertura y que, a su juicio, deben tener en cuenta "las características propias del lugar de trabajo, de su población diana y las características socioeconómicas de la zona en la que está ubicada la plaza".
"Sin hacer esto, todo será una cortina de humo, ninguna iniciativa dará resultado", ha subrayado Tomás Pérez que ha vuelto a incidir en que está esperando a que se haga "desde 2019". "¿A qué esperan? vale que ha habido una pandemia, pero desde 2022 se podían haber puesto a ello", ha afeado.
Una vez definidas las plazas, UGT apuesta por incentivos. En cuanto a los económicos, ha reclamado un complemento retributivo específico por cobertura y permanencia mínima de periodicidad revisable. También ayudas económicas para desplazamiento o vivienda y facilitar la prolongación de la edad de jubilación parcial o total y también que se puedan acoger a la jubilación activa mejorada. "No pueden perder dinero", ha resumido para considerar "insuficiente" los 6.000 euros anuales anunciados por PP y Vox en su iniciativa parlamentaria para abordar esta situación.
Además, Rosa López ha reclamado también flexibilizar la jornada laboral para la conciliación de la vida laboral y personal con la "posibilidad de concentrar la jornada laboral en cuatro días". Aumentar la puntuación de baremación para las bolsas de empleo en un 50 por ciento; un 40 por ciento en procesos selectivos y concurso de traslados; una puntuación específica en el acceso a los distintos grados de Carrera Profesional; la reacreditacion como tutor de formación especializada; acceso preferente a participación en proyectos de investigación y exención o reducción de guardias de Atención Continuado si lo impide la conciliación familiar.
En este punto, la secretaria de Sanidad ha recordado que no solo existen únicamente puestos de difícil cobertura en Atención Primaria, ni en las categorías de Médicos y Enfermería, si no que esto es "extensible a cualquier categoría en cualquier ámbito de salud en el que no existan profesionales que deseen cubrir esas plazas".
A este respecto, UGT ha reclamado también que se haga un estudio sobre el déficit en las diferentes especialidades para incentivar a los futuros médicos a que se decante por ellas.
PLAN DE VERANO
Al margen de esta cuestión, UGT también ha abordado otros dos temas sanitarios de primer orden, como es el plan de contingencia del Sacyl para este verano y la intención del consejero Alejandro Vázquez de contratar médicos sin especialidad si es necesario.
Sobre el primero, Tomás Pérez ha ironizado al pedir un poco "más de esfuerzo". "Se limita a cerrar camas, lo único que cambia es el número de un año a otro, nada más", ha apostillado para denunciar que este tipo de iniciativas suponen una "enmienda en toda la cara" a la propia Consejería y una "demostración del fracaso" que supuso el traspaso de competencias en materia sanitaria. "Trabajan con una incompetencia terrible", ha resumido.
Por último, han recordado que contratar a médicos sin especialidad, además de ser "una ilegalidad" es una "humillación" para el resto de profesionales. "Plantean una ilegalidad ante un problema estructural", ha zanjado Tomás Pérez para insistir en que este asunto se judicializará.
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La Comisión Territorial de Patrimonio de León ha aprobado varias intervenciones de conservación y mejora en bienes protegidos de la provincia, entre ellas trabajos arqueológicos en el Convento de San Marcos, actuaciones en un tramo de la Muralla de León y la sustitución parcial de la tarima del presbiterio en la iglesia de Nuestra Señora del Mercado. El paquete de autorizaciones afecta a elementos históricos y religiosos de la capital y a bienes localizados en distintas localidades del territorio provincial.
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Cuando una persona u organización vende papeletas o participaciones de lotería sin haber adquirido los décimos que dice representar y el número resulta premiado con el máximo premio, el conflicto no queda entre el que lo vendió y el que compró. Se convierte en un asunto penal y civil que suele acabar en juzgado, con riesgo real de embargo y responsabilidad patrimonial para quienes intervinieron en la venta.
El pleno extraordinario de Boñar del 9 de diciembre deja algo más que decisiones políticas genéricas: identifica expedientes concretos con graves anomalías contables y un saldo negativo de 33.805,28 euros. Las explicaciones técnicas se limitan a deslindar responsabilidades, mientras el foco se estrecha sobre quienes tenían el deber legal de control y corrección: la Alcaldía y la anterior Secretaría municipal.
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