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En este sentido y ante las dificultades de los pequeños ayuntamientos para promover la rehabilitación de las viviendas de su titularidad, la Procuraduría ve "oportuno" instar a las diputaciones a que, en ejercicio de sus competencias en relación con los municipios de escasa capacidad económica y de gestión, activen los medios necesarios para proporcionarles la asistencia técnica y jurídica que sea precisa para concurrir a los procedimientos que se abran para obtener financiación de proyectos de dinamización demográfica en Castilla y León.
Según ha informado el procurador del Común, Tomás Quintana, en su intervención en el pleno monográfico en el que ha detallado el informe correspondiente al año 2023, todas diputaciones provinciales, a excepción de la de Ávila, que aún no ha respondido, han aceptado esta resolución.
Tomás Quintana ha explicado por otro lado que, en línea con lo ocurrido en anteriores ejercicios, en 2023 se ha registrado un "importante número de quejas" por la "deficiente prestación" de algunos servicios por parte de pequeños municipios, algunas suscitadas por personas que son residentes de temporada y que demandan en esa condición una adecuada prestación de servicios.
El Procurador del Común ha defendido al respecto que los residentes no habituales deben ser tenidos en cuenta en la organización de los servicios municipales, como el abastecimiento de agua potable, la recogida de residuos, la limpieza viaria o el alumbrado público, "no sólo por el deber de prestar esos servicios a todos, sino porque la mayoría de los residentes de temporada son propietarios de inmuebles situados en el municipio y, por ello, también contribuyen al sostenimiento de la hacienda municipal".
A esto añade la "perspectiva nada desdeñable" de que la presencia de los residentes no habituales en determinadas época del año "ayuda por muchas razones a la pervivencia del propio municipio".
Por otro lado, ha evidenciado la necesidad de contar con viviendas suficientes para atender mediante el alquiler social situaciones de emergencia habitacional, las necesidades de personas especialmente vulnerables, de familias sin recursos o en riesgo de exclusión social y ha insistido en la necesidad de contar en Castilla y León con un Parque Público de Vivienda que permita el alquiler de un número de ellas acorde a las dimensiones y necesidades existentes en la Comunidad.
Para ello, ha abogado por aunar los esfuerzos de todas las administraciones y agentes sociales implicados para garantizar a las personas más vulnerables el ejercicio del derecho a una vivienda digna y adecuada, una resolución que fue aceptada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.
También ha mencionado un expediente promovido de oficio sobre la transformación de locales comerciales en viviendas en las ciudades y grandes poblaciones de la Comunidad, "posibilidad derivada en gran medida de los cambios que están teniendo los hábitos de consumo, al menos por una parte de la población, y que, como efecto indirecto, puede contribuir a favorecer el acceso a la vivienda, especialmente por parte de las personas jóvenes", ha explicado.
En la resolución dirigida a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio el Procurador del Común considera que la revitalización y regeneración de las áreas urbanas a través de los nuevos usos de los espacios comerciales desocupados debe realizarse "evitando la proliferación de infraviviendas, carentes de condiciones de habitabilidad, seguridad, accesibilidad, salubridad e iluminación natural, y con el cumplimiento de exigencias tales como la ventilación o aislamientos térmicos y acústicos".
Para ello, recomendó a la Administración autonómica que valorara establecer unas "directrices comunes y criterios mínimos y homogéneos de ámbito autonómico" a modo de "estándares urbanísticos" para ser incorporados a los instrumentos de planificación y desarrollo urbanístico municipal que prevean la conversión de locales comerciales en viviendas, además de disponer un reforzamiento de las facultades de inspección y control administrativo de los resultados de esos procesos, resolución que también fue aceptada.
