Más de 158 millones corresponden a la cofinanciación estatal de las acciones de desarrollo rural de las autonomías.
España 16 de abril de 2024
RML
El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la distribución territorial entre las comunidades autónomas de ocho créditos por un importe total de 207,87 millones de euros para financiar intervenciones en materia de desarrollo rural, agricultura y ganadería, de los que más de 32,7 millones irán a Castilla y León.
En concreto, estos créditos impulsarán intervenciones de desarrollo rural contempladas en el Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común (PAC) y distintas actuaciones en materia de competitividad y calidad de la producción de los mercados, sanidad vegetal y animal y del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias (Posei) de Canarias.
En concreto, el crédito principal, que cuenta con una dotación de 158,19 millones de euros, está destinado para financiar intervenciones del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) correspondientes al primer año de ejecución del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC) 2023-2027. En este apartado se destinarán 28,4 millones de euros a Castilla y León.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reiterado en la rueda posterior al Consejo de Ministros que estos fondos permitirán "continuar apoyando a agricultores, ganaderos y al medio rural". "Es una muestra más de la implicación y el compromiso de este Gobierno con el medio rural y con el sector primario", ha recalcado.
Para este período, el Gobierno aportará a las regiones el 30% de la financiación nacional y, para realizar este reparto de fondos, se ha utilizado el criterio de distribución acordado con las comunidades autónomas en mayo de 2023.
De esta forma, una vez autorizado por el Ejecutivo, la distribución de estos fondos se someterá a consideración de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, que se celebrará este viernes.
ACTUACIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha dado 'luz verde' a la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas de siete créditos para la financiación de diversas líneas de actuación, por un importe total de 49,6 millones de euros, del que se destinan 4,3 millones a Castilla y León. Esos créditos deberán someterse también a la aprobación de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de esta semana.
Así, dentro del programa de Competitividad y Calidad de la Producción y los Mercados, se ha autorizado un crédito por valor de 4,5 millones de euros para la línea de fomento de la apicultura, de los cuales 705.002 euros se destinan a Castilla y León.
Agricultura ha precisado que para su reparto se ha tenido en consideración el número de colmenas registradas en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA), y, entre otras cuestiones, se financiará el programa oficial de vigilancia de agresiones y enfermedades de las colmenas, particularmente de la varroosis.
En este mismo programa se financiará la línea de calidad de las variedades vegetales y certificación de los materiales de reproducción, con 1,75 millones de euros, de los que 259.778 euros corresponden a Castilla y León.
Con esta línea se apoya la ejecución de ensayos que permiten la evaluación agronómica de las nuevas variedades vegetales y el mantenimiento del sistema de certificación, mediante el control de la calidad y sanidad de semillas y plantas de vivero.
Asimismo, se ha autorizado un crédito dirigido al fomento de las razas autóctonas españolas que asciende a 1,45 millones de euros, siendo 134.883 euros para Castilla y León. Con esta línea se da apoyo a las asociaciones de criadores de razas autóctonas reconocidas por las regiones para la gestión de los libros genealógicos y el desarrollo de actividades relacionadas con los programas de mejora y de bancos de germoplasma.
El titular de Agricultura ha recordado que las razas ganaderas autóctonas son parte de la biodiversidad animal con un total de 166 razas autóctonas de las cuales 148 se encuentran en peligro de extinción. "Estos programas son un mecanismo para la defensa de nuestro patrimonio de biodiversidad", ha recalcado.
Dentro de esta misma línea de ordenación y fomento de la mejora ganadera y conservación de la biodiversidad, se consigna un crédito por otros 1,45 millones de euros para el control oficial del rendimiento lechero, con 319.615 euros para Castilla y León. Con este crédito se brinda apoyo a la evaluación genética de las especies bovina, ovina y caprina y a la mejora de la competitividad de las explotaciones.
El crédito de mayor importe, por valor de 21 millones de euros, está consignado al Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias (Posei) de Canarias, que contempla medidas destinadas a para paliar los condicionantes a los que se ve sometida la agricultura del archipiélago debido a su alejamiento, insularidad, fragmentación del territorio y otras dificultades derivadas de su ubicación, orografía y demás dificultades económicas.
SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL
Por último, en materia de sanidad vegetal, los programas de prevención y lucha contra plagas tienen como principal objetivo el apoyo a la ejecución de actuaciones que permitan el control y posterior erradicación de determinadas de enfermedades. La dotación con la que el Gobierno apoya la prevención y lucha contra plagas en este ejercicio es de 10,57 millones de euros, de los que 958.558 euros corresponden a Castilla y León.
Planas ha señalado que los temas de sanidad de la producción agraria, tanto la vegetal como animal, son "fundamentales", ya que sustentan la posición de gran potencia agroalimentaria de España, "máxime en un contexto de cambio climático, donde la aparición de nuevas plagas es una realidad en el conjunto del territorio de la Unión Europea".
También se a autorizado la consignación de 8,83 millones de euros destinados a los programas estatales de erradicación de enfermedades animales. De esta partida, 1.929.705 euros son para Castilla y León.
En la distribución de estos fondos se tienen en cuenta criterios como el apoyo a las indemnizaciones por sacrificio obligatorio de animales afectados por distintas enfermedades transmisibles y a los vaciados sanitarios de explotaciones, y la adquisición de vacunas de lengua azul, entre otros.
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