Anulada judicialmente la revisión del Plan Regional de Residuos

Por sentencia de 29 de febrero de 2024, la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado el Acuerdo de 11 de marzo de 2022 de la Junta de Castilla y León por el que se aprobó la adaptación del Plan Integral de Residuos de Castilla y León (PIRCyL) y la Orden FYM/304/2022, de 2 de abril, por la que se hizo pública.

Dicha actualización revisó el modelo estratégico de gestión y los programas de actuación del Plan Regional de Residuos vigente desde 2016, que fue aprobado por Decreto 11/2014, de 20 de marzo, cuya ejecución está resultando un fracaso tanto por el aumento en la generación de residuos peligrosos y no peligrosos como por las bajas tasas de recuperación y reciclado en la región, como reconoce la propia evaluación del PIRCyL contenida en la adaptación anulada.

La sentencia pone de manifiesto que la adaptación del Plan Integral de Residuos de Castilla y León, a diferencia del Plan original que revisa, ha obviado la obligada información pública, no ha sido informada por el Consejo Regional de Medio Ambiente, el Consejo Económico y Social, el Consejo Consultivo ni la Federación Regional de Municipios y Provincias y ha omitido la preceptiva evaluación ambiental de los planes y programas en materia de residuos.

La sentencia concluye de manera contundente “que estamos en presencia de una revisión cuya tramitación exige que se respete el derecho constitucional a la participación recogido en los artículos 9.2 y 23.1 de la Constitución Española”, dada la amplitud y alcance de los cambios introducidos en el Plan Integral de Residuos, e impone las costas a la Junta de Castilla y León. 

Queda así acreditado que el Consejero de Medio Ambiente Juan Carlos Suárez-Quiñones y el conjunto del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León se han vuelto a saltar a las bravas la Constitución y las normas básicas para elaborar las disposiciones ambientales de la Comunidad, entre ellas en este caso las leyes estatales de residuos, de evaluación ambiental y de participación ambiental, así como la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León.

Lo que en última instancia subyace a esta forma arbitraria y autoritaria de ejercer el poder en la Comunidad es el despropósito desde hace décadas de la política regional de residuos, que ha pasado de las leyes inconstitucionales para imponer vertederos como los de Gomecello (Salamanca), Santovenia de Pisuerga (Valladolid) y Fresno de la Ribera (Zamora), a la apuesta por la incineración de los desechos en instalaciones industriales como las fábricas de cemento de La Robla (León), Toral de los Vados (León) y Venta de Baños (Palencia).

Entretanto, la recogida selectiva de los residuos domésticos en Castilla y León se limitó en 2021 al 13 % de los producidos, según el Ministerio para la Transición Ecológica, y en consecuencia la preparación para la reutilización y el reciclado sólo alcanzó en el mismo año el 37 %, muy por debajo del objetivo legal mínimo del 50 %, y eso incluyendo el compost de pésima calidad obtenido en los centros de tratamiento de residuos de cada provincia, que por la falta de recogida selectiva de los restos de alimentos acaba depositándose en los vertederos.

Ecologistas en Acción recuerda al Consejero Suárez-Quiñones y a la Junta de Castilla y León que deben respetar los procedimientos legales y los procesos de participación pública, que tan a menudo dejan de lado en sus decisiones ambientales. Por ello, la organización ambiental reclama una revisión en profundidad y participada del Plan Integral de Residuos de Castilla y León que permita cumplir los objetivos legales de reducción, reutilización y reciclado, y se adapte a la vigente Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

Ecologistas en Acción considera que la única manera de alcanzar dichos objetivos en relación a los residuos domésticos es implantar ya la recogida separada de los restos de alimentos. Por otro lado, es necesario reducir de forma drástica los nefastos envases de usar y tirar, contra los intereses del lobby Ecoembes y su contenedor amarillo, que apenas contribuye al reciclado. 

Finalmente, la organización ambiental denuncia que año tras año se consolida el papel de Castilla y León como sumidero de residuos industriales peligrosos, lodos, neumáticos, etc. de España, en buena medida incinerados, siendo los proyectos más recientes la incineradora de residuos peligrosos de Ólvega en Soria, el vertedero de residuos peligrosos de San Justo de la Vega en León y la ampliación del vertedero de residuos peligrosos de Santovenia de Pisuerga en Valladolid, todos ellos principalmente al servicio de la industria foránea.

Una política que resulta incompatible con los principios de autosuficiencia y proximidad que deben guiar la política de residuos, y es incoherente con la salud pública y con la producción agroalimentaria de calidad que la Junta dice fomentar, agravando la despoblación regional.