El Estatuto de Castilla y León cumplirá este domingo, día 25 de febrero, su 41 aniversario desde la aprobación por las Cortes Generales de la Ley Orgánica 4/1983, un texto que ha sido reformado oficialmente en tres ocasiones, la última vez en 2007, veinticinco años después de la constitución de Castilla y León como autonomía.
No obstante, hay que recordar que el 1 de marzo de 1983, cuatro días después de aquel primigenio 25 de febrero, salió adelante mediante la Ley Orgánica 5/1983 una reforma para incorporar la provincia de Segovia al proceso autonómico de Castilla y León, tras no lograr impulsar su proceso uniprovincial y para resolver el hecho de que era la única provincia que no formaba parte de una comunidad autónoma.
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León salió adelante por el trámite de 'vía lenta' permitido por la Constitución Española, que daba derecho a una autonomía reducida al no disponer de todas las competencias que no eran exclusivas del Estado en el momento de constituirse, frente a las comunidades que tuvieron estatutos durante la Segunda República -Cataluña, Galicia y País Vasco- que utilizaron la 'vía rápida"' y configuraron sus normas entre 1979 y 1981.
La tercera y última reforma del Estatuto de Autonomía hace ahora 17 años permitió profundizar en el autogobierno de Castilla y León a través de un texto impulsado y consensuado por PP y PSOE, que admitieron cuatro enmiendas de IU, y se basó en cinco ejes fundamentales: la carta de derechos de los ciudadanos, la separación de poderes, la presencia exterior de la Comunidad, la organización territorial y la asunción de las competencias sobre la cuenca del Duero, una "vieja aspiración" que quedó en el dique seco tras el veredicto en contra del Tribunal Constitucional.
El alto tribunal anuló en marzo de 2011 el artículo 75.1 del Estatuto del Estatuto de Autonomía de Castilla y León que asumía competencias de regulación y gestión sobre la cuenca del Duero en todo el trazado del río que discurre por la Comunidad a través de una sentencia dictada por unanimidad y sin votos discrepantes que dio la razón a la Junta de Extremadura y reivindicó la competencia estatal sobre los ríos que discurren por más de una autonomía.
Por otro lado, la última reforma del estatuto acordado incluyó la 'Carta de Derechos Sociales', para consolidarlos y dotarlos de rango de ley, y reforzó los derechos con una enmienda pactada para garantizar la igualdad de trato para la personas con discapacidad a propuesta de CERMI.
El texto de la última reforma del Estatuto de Castilla y León incluyó también la definición de la Comunidad Autónoma "histórica y cultural", estableció nuevos cauces de colaboración y coordinación con el Estado y avanzó en la cohesión y el equilibrio interno con mecanismos como el Plan de Convergencia Interior en colaboración con el Estado según el cual, el "esfuerzo producido en toda la Comunidad a distintas velocidades de crecimiento pueda verse corregido y aumentado".
También garantizó la prestación de servicios de calidad a los ciudadanos y en materia de financiación, contempló los principios de "solidaridad, igualdad, nivelación en la prestación, suficiencia dinámica y distribución de recursos teniendo en cuenta la extensión territorial, la dispersión, la baja densidad y el envejecimiento".
"No hemos hecho ruido y hemos atendido necesidades de nuestra gentes de Castilla y León. En definitiva, el Estatuto supone ya letra de ley, negro sobre blanco, una apuesta cabal de toda Castilla y León por ese autonomismo útil, integrador, cooperativo que marca la apuesta de Castilla y León como comunidad autónoma en la España de la Constitución", defendió el entonces presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.
EDUCACIÓN CON LA REFORMA DE 1994 Y SANIDAD EN 1999
La primera reforma de la norma básica de convivencia se produjo en el año 1994 a través de la Ley Orgánica 11/1994, de 24 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y consistió en un incremento significativo de competencias para la Comunidad que asumió la gestión de la Educación.
Por su parte, la segunda reforma del Estatuto tuvo lugar en 1999 a través de la Ley Orgánica 4/1999, de 8 de enero, de Reforma de la Ley Orgánica 4/1983 que permitió ampliar el nivel competencial de Castilla y León con la introducción del área de Sanidad y se incluyeron también una serie de instituciones propias.
Y como figuraba en el preámbulo de la última propuesta de reforma aprobada en las Cortes de Castilla y León las tres reformas "han contado con el respaldo de un amplísimo consenso político", por lo que se afirma que el Estatuto es la norma fundamental en la que tienen cabida todos los ciudadanos de Castilla y León "y ha sido un instrumento de innegable progreso para los leoneses y los castellanos".
